Al César lo que es del César… y los datos, a los usuarios

Quizá el problema más grande que hoy plantea la economía de la información, es la gobernanza de los datos. Ya nadie duda de que son el petróleo de este siglo, y por ello comienzan a atisbarse regulaciones y propuestas del tercer sector. Aquí, dos soluciones que hablan español: la licencia Salus CG, y Wibson.

“A mí no me vale que las empresas de salud se defiendan diciendo que invierten en infraestructura. Ellos cobran por el servicio, así que cobrar en datos no va más”. Así de firme suena la argentina Andrea Barbiero (40) café de por medio, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Ella es pionera en el uso de tecnología digital aplicada a la información en los servicios de salud. Habiéndose afincado en Barcelona hace más de 20 años, comenzó impulsando la digitalización de las historias clínicas en Cataluña. “No fue nada fácil -recuerda- pero con ese primer paso, luego se pudo cargar la información en la nube (…) hoy, a pesar de que yo vivo en Barcelona, si me atienden en cualquier hospital público de España, pueden acceder a toda la información de mi salud como para curarme”.

Andrea había trabajado para grandes empresas de salud prepaga en Argentina, y no le gustaba nada la forma mercantilista con la que se trataba la información de los pacientes. Así que, hace poco, fundó Salus_Coop, en sociedad con Ideas For Change, para impulsar la democratización de los datos de salud.

De ese proyecto, en 2018 surgió Triem, una encuesta digital e interactiva con la que, partiendo de la base de que los datos son de quien los produce, y tienen valor económico, se consultó a los vecinos de Cataluña bajo qué supuestos estarían dispuestos a donar sus datos de salud. -La web te recibe proponiéndote “decidamos el futuro de nuestros datos”; ¡eso es vanguardia!

La conclusión fue que los catalanes no tendrían problemas en que terceras partes accedan a la información sobre su salud, en las siguientes condiciones: a) que los datos sean usados para la investigación en enfermedades raras, crónicas o las que tengan cierto impacto en la salud pública; b) que no haya uso económico de los datos; c) que lo que surja de ahí sea abierto y compartido; d) que tengas en cualquier momento posibilidad de echarte atrás y dejar de compartir tu información, y e) que los datos sean anónimos.

En esos cinco puntos se basa, hoy, la licencia Salus Common Goods, es decir, una etiqueta que se coloca en los repositorios de datos que ya están disponibles. Dicha licencia es del estilo Creative Commons, es decir, abierta y compartida, y no pretende generar derechos de propiedad sobre nada de lo que surja de ella.

Un capitalismo con rostro humano

Coincidencias que no lo son tanto. Mientras Andrea, en España, daba forma a la licencia de uso de datos que lleva el nombre de su propia cooperativa, en Buenos Aires, Matías Travizano (41) y Rodrigo Irarrázaval (27) ambos argentinos, comenzaban a pergeñar Wibson: una app para que los usuarios recuperen el control sobre sus datos personales.

Irarrázaval ya trabajaba en GranData con Travizano, haciendo Big Data. Les iba muy bien, tanto que la empresa se mudó a Silicon Valley. Sin embargo, faltaba una vuelta de tuerca; un valor que sostuviera el impulso de una camada de innovadores que no sólo piensa en ROI, escalabilidad, etc, sino que mira el bien común. Así surgió la idea de devolver el control de los datos a quien los produce, es decir, a cada uno de nosotros.

Wibson, cuyo desarrollo es incipiente, ofrece, para empezar, saber en tiempo real el uso que las empresas hacen de nuestros datos. Cada vez que una de ellas intenta tomar información del móvil, la app lo notifica. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de vender la información, cotizando la transacción en unidades de valor al estilo criptomoneda, canjeables por productos o servicios en un Marketplace aún no desarrollado. Así, Wibson propone un trato justo y transparente entre compradores y vendedores de datos.

El desarrollo de Irarrázaval tiene asiento en Argentina, y pretende afianzarse en ese mercado, aun sabiendo que la regulación nacional no acompaña. Por ejemplo, en el país del tango la normativa vigente ni siquiera reconoce a la información como un bien que puede cuantificarse y, con ello, ser considerado un activo empresarial. La falta de cultura digital, y el bajo nivel educativo explican esto.

El joven ingeniero describe el escenario con claridad:

“Sabemos que es difícil explicarle a la gente que los datos son valiosos, que las empresas los toman sin permiso, que el consentimiento que brindamos a las aplicaciones es un abuso. Hoy ni siquiera podemos hablar de que los datos se roban, porque no están considerados en el código penal. Pero por eso Wibson es mucho más una app de privacidad y educación digital que ayuda a monetizar los datos. Queremos afrontar ese desafío”.

De hecho, desde la Unión Europea convocaron a Irarrázabal para que forme parte de un grupo de desarrolladores de soluciones llamado PDK (PIMS Development Kit) que pretende consolidar una serie de herramientas digitales de control de privacidad, léase, PIMS: Personal Information Management Systems.

Las posturas y los avances a ambos lados del Atlántico

Evidentemente, en el debate alrededor del uso de los datos para el perfilamiento digital de las personas, hay más de una perspectiva. Mientras Salus CG mira el problema con el prisma del altruismo, sin pensar en otra cosa que no sea el bien común, Wibson es una propuesta concebida dentro de un capitalismo que, si se aborda el fenómeno desde múltiples sectores, puede ser más razonable.

Después de todo, si los datos son valiosos y su propiedad recae en cada uno de nosotros ¿por qué no venderlos, si así lo decidiéramos?

Una respuesta prudente proviene del catalán Albert Cañigueral (42), vicepresidente de Ouishare -una ONG global que estudia el impacto social de la innovación tecnológica- experto en economía de plataformas.

En recientes entrevistas, Cañigueral sostiene que hay que prestar atención a las predicciones del filósofo Yuval Noah Harari, quien otea el horizonte con bastante pesimismo, y vaticina que habrá, en breve, una “clase inútil” que quedará fuera del sistema, pero cuyos miembros podrán vender sus datos personales como forma de incorporar ingresos, más allá de que el capitalismo deberá mantenerlos con una renta básica de subsistencia.

La paradoja es que, en ese escenario, pareciera que la realidad se parte entre quienes poseen capital suficiente como para mantener cierta privacidad, y los que no tienen más remedio que vender sus datos personales porque, si no, no alcanzan a pagar las cuentas.

Ese es el rostro menos humano del capitalismo, el lado oscuro de la innovación tecnológica.

Mientras el debate sigue abierto, el experto en Inteligencia Artificial y Justicia Juan G. Corvalán (41) Fiscal General Adjunto de Buenos Aires, anticipa la inminente publicación del libro Perfiles digitales humanos, una investigación exhaustiva en la que se propone el nuevo paradigma regulatorio en la materia. Con esa obra, Corvalán asegura que el gobierno argentino podrá plantearse la posibilidad de legislar la cuestión: “el proyecto de ley de este año en materia de uso y protección de datos personales tendrá, sin dudas, este libro como punto de partida”.

El trabajo, escrito desde el Laboratorio de innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sostiene que los usuarios debemos tener derecho a la autodeterminación informativa algorítmica; sintetizando, se trata de que el consentimiento que solemos prestar a las plataformas no puede atarnos de pies y manos respecto del uso que se haga de la información, sobre todo cuando, en los términos y condiciones, no se explica claramente qué se hará con los datos.

Por otro lado, surgen derechos nuevos, que deben plasmarse en la legislación tanto como guiar las prácticas de organismos regulatorios. Algunos de ellos son: derecho a no ser perfilado; derecho a que no se tomen decisiones basadas únicamente en el perfilamiento digital automático; derecho a que los datos sensibles queden afuera del perfilamiento; derecho a conocer las condiciones y criterios de perfilamiento; derecho a la supresión del perfil; derecho a ser excluido de la publicidad directa no consentida.

Más allá de las controversias y de los conflictos de intereses habituales en temas tan complejos, es evidente que, a ambos lados del atlántico, la vanguardia en materia de uso y protección de datos habla español. No es una mala noticia.

Por Mauro Berchi.