Angola: piden la indagatoria de Moreno

En mayo de 2012, la ex Presidente Cristina Kirchner viajó a la República de Angola en el marco de una gira. En los últimos días, un fiscal federal pidió investigar a los ex funcionarios que organizaron la financiación del viaje por defraudación a la administración pública. Entre los acusados, está el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. El funcionario fue quien encabezó la misión comercial con el objetivo de conseguir lazos económicos con el país africano.

El pedido a indagatoria de Moreno y otros cinco funcionarios del gobierno kirchnerista por el viaje a Angola fue del fiscal de Morón, Sebastián Basso. Presentó el pedido en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3.

“Este Ministerio Público Fiscal estima que existen indicadores de la existencia de una conducta delictiva de naturaleza federal que amerita avanzar en el proceso en contra de los imputados”, se lee en el documento.

Basso también pidió que declare Carlos Martínez. Fue presidente de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, durante la gestión de Cristina.

Según la investigación, el 25 de septiembre de 2012 Martínez pidió dinero a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El destino era cubrir los costos de un viaje cuyo fin no se vincula con el objeto social del Mercado Central.

A su vez, el 1° de noviembre, Moreno “aprobó la transferencia solicitada“. El exfuncionario k, lo realizó “sin brindar los motivos por los cuáles se destinaban los fondos públicos“, señala el documento. El monto transferido fue de $120.356.

Según denunció el fiscal Basso, descubrió que la aprobación de la transferencia no había quedado documentado. “No se encontró ni siquiera el acta del Directorio que aprobó ese requerimiento“, afirmó.

De esta manera, concluyó que “Martínez, al requerir dinero a la Secretaría de Comercio Interior sin la autorización del Directorio de la CMCBA, cometió un acto de defraudación a la administración pública”.

Además del caso Angola, un pedido de elevación a juicio contra Guillermo Moreno

Guillermo Moreno y Daniel Reposo, fueron formalmente acusados por el fiscal federal Carlos Stornelli de haber hecho insertar datos falsos en un acta de la asamblea de accionistas de Papel Prensa, por lo cual pidió elevar el caso a juicio oral.

Con respecto a Reposo, se lo acusa además del delito de peculado, porque puso a una contadora de la Sigen a certificar los estados contables de la empresa.

La acusación de Stornelli alcanza también a Beatriz Montoya, representante del Estado como accionista; a Fabio Trossero, representante de Télam, y a Agustín Tarelli, miembro de la comisión fiscalizadora de la sociedad.

Los delitos son particularmente graves: la falsedad ideológica de un documento se castiga con penas que llegan a los seis años de cárcel; el peculado implica una pena máxima de 10 años de prisión por usar recurso públicos.

El fiscal pidió cerrar la instrucción del caso contra los acusados, a los que señaló por hacer insertar declaraciones falsas en el acta notarial del 20 de octubre de 2010, labrada por la escribana adscripta de la Escribanía General del Gobierno Vanina Capurro.

El documento daba cuenta de la continuación de la asamblea de accionistas de Papel Prensa ocurrida ese mismo día y de la designación de Vivian Stenghele como contadora certificante de los estados contables de la empresa. Stenghele se desempeñaba en la Sigen. Pero, en realidad, suscribió el acta cuando la asamblea ya había finalizado formalmente.

A su vez, el fiscal entendió que está probado que Reposo empleó el trabajo de la contadora Stenghele como integrante de la Sigen hacia fines que no eran los de la administración pública, al designarla contadora certificante de los estados contables de la empresa.

Papel Prensa es una sociedad mixta que se dedica a la fabricación de papel para diarios cuyas acciones se reparten entre el Grupo Clarín (49%), LA NACION (22%), el Estado nacional (27%) y otros inversores (1%). Moreno y Reposo y el resto de los acusados eran los representantes del Estado en la asamblea.

Reunión paralela

Cuando había terminado esa asamblea de accionistas de 2010, llegó Moreno al edificio de Papel Prensa y se reunió en una oficina contigua con el resto de los delegados del Estado. Ya se había votado designar a un contador certificante de los libros de la empresa. En esa reunión paralela, señala el fiscal, los funcionarios del Estado junto con la escribana adscripta a la Escribanía General del Gobierno simularon una continuación de la asamblea. Y tomaron como válido lo decidido solo por ellos, al nombrar a la contadora de la Sigen sin la participación del resto de los accionistas.

Esa situación fue volcada parcialmente en una escritura pública realizada por la escribana del Estado sin reflejar la verdad de lo acontecido.

Luego se pretendió imponer esa decisión ante la propia empresa, puesto que al día siguiente se presentó la contadora certificante designada por el Estado a tomar posesión de su cargo. Hizo lo propio ante el juez comercial que interviene, a quien le presentó una nota firmada por la Sigen en la que falsamente se afirmó que la asamblea de accionistas de la empresa había resuelto lo que solo ellos habían reflejado en el acta notarial cuestionada.

La asamblea se inició a la 10.22 y finalizó a las 12.17. Allí se designó por mayoría de los accionistas privados al contador Carlos Solans, del estudio Brea, Solans & Asociados, para certificar los estados contables.

El Estado se opuso a esta decisión y se dejó constancia en las actas.

Sin embargo, Vanina Capurro, como escribana adscripta de la Escribanía General de la Nación, que había sido convocada por Beatriz Montoya, dejó constancia en un acta aparte de la supuesta continuación de la asamblea en una oficina contigua, con la presencia de Moreno, Trossero, Ricardo González Arzac, Tarelli y Reposo.

Allí dijo Stornelli que le hicieron insertar en un documento público declaraciones que no eran verdaderas, consignando que la reunión era la continuación de la asamblea de accionistas, que ya había concluido.

Ahora el juez federal Daniel Rafecas deberá decidir si envía el caso a juicio oral y público.