Antecedentes penales, el nuevo control para entrar al país

El Gobierno intentará aplicar nuevos controles migratorios. Si bien no es el objetivo volverse un país cerrado, si lo sería restringir el ingreso, especialmente a personas con antecedentes penales.

Aunque ya estaba trabajando en reforzar los controles para extranjeros con antecedentes penales, el impacto por el crimen de Brian Aguinaco apresuró la discusión. El Gobierno planea avanzar en una política migratoria más dura. Teniendo en cuenta de que se trata de un año electoral y que, por consiguiente, puede implicar un costo político, en la Casa Rosada se esfuerzan por aclarar que la prohibición de ingreso al país por antecedentes penales será a través de «controles inteligentes» y «sin estigmatizar» ni caer en la «xenofobia».

El tema de antecedentes penales forma parte de la agenda de la mesa que se desprendió del «Gabinete Nacional del Programa Siria«, creado por el Presidente a través de un decreto. En ese marco, los ministros y representantes de las áreas que articulan la recepción de los refugiados sirios, especialmente los ministerios del Interior (Migraciones y Renaper), Desarrollo Social, Seguridad y la Cancillería, también analizan alternativas para dar una respuesta a una situación que, admiten en el Gobierno, preocupa: el desembarco de inmigrantes con prontuario delictivo intenso en sus países.

«Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque», razonó la canciller Susana Malcorra.

«No podemos -agregó la ministra- volvernos un país cerrado, pero al mismo tiempo tenemos que ser un país responsable de que acogemos a aquellos que vienen a la Argentina a ser parte de un proyecto con buena voluntad». ¿Qué se entiende por ‘buena voluntad’? «Esas cuestiones son las que la ley o la revisión de la ley va a tratar de ajustar», deslizó Malcorra.

En efecto, en el Gobierno no dudan que hay que tomar medidas. Aunque sí subyacen diferencias respecto a cómo implementarlas. Hay quienes creen que se debe hacer a través un proyecto de ley o un decreto, otros que entienden que alcanza con aplicar con firmeza la legislación vigente. Y citan el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, que fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido «condenado» o tenga «antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas» o por «un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más».

Este último punto, creen en el Gobierno, es la llave para «depurar» el ingreso. El asunto es que, en muchos casos, no se cuenta con la información de los países de origen. «Con algunos, como Colombia, ya empezó a funcionar el intercambio de información migratoria, pero nos falta mucho», confiesan desde Migraciones. La intención es avanzar en más acuerdos de cooperación para reunir esos datos. Y, al mismo tiempo, acelerar los plazos de expulsión de los inmigrantes que delinquen: «Hoy con la industria de la apelación hay casos que tardan hasta ocho años», señalan. El porcentaje de extranjeros que delinquen es bajo: según datos oficiales, apenas el 6 por ciento de la población carcelaria son extranjeros.