Cámara Federal ratificó la prision preventiva para Cristina Fernández

La Cámara Federal ratificó hoy el procesamiento y prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Así lo decidió la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la que también ratificó los procesamientos y la prisión preventiva del ex canciller Héctor Timerman, del ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, del dirigente Luis D’Elía, del ex líder de Quebracho Fernando Esteche, del representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil, del extitular de la AFI Oscar Parrilli y del diputado Andrés Larroque, por los delitos de «estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado».

El tribunal dejó firme la decisión del Juzgado Federal 11, a cargo de Claudio Bonadio, de pedir el desafuero y la detención de la actual senadora nacional de Unidad Ciudadana.

El magistrado había hecho esa solicitud ante el Congreso luego de que los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano consideraran que Cristina Kirchner podría entorpecer la causa estando en libertad.

«En definitiva, por sobre el arraigo, vínculos familiares, y la actividad de presentarse al ser convocados (que todos exhibieron), lo expuesto en la presente revela la existencia de razones fuertes de diferente tenor que, con arreglo a los lineamientos impuestos por la ley y a la aplicación que de ellos ha propiciado afianzada jurisprudencia de la Sala, justifican holgadamente la presunción de riesgo procesal», explicaron los camaristas en la resolución de este jueves.

Para justificar la decisión de la Cámara Federal, explicaron que «la gravedad de los cargos que pesan contra los imputados es indudable» y que «las evidencias sobre el modo de ejecución de los hechos y sus características demuestran, por todos lados, que se usó cualquier medio al alcance para evitar dejar rastros del delito».

Además, señalaron que «el escenario se agrava cuando se observan circunstancias puntuales y objetivas producidas durante las investigaciones judiciales».

«Se estableció que había una relación concreta entre la posibilidad de entorpecimiento de la instrucción que revelan todos esos datos y los cursos de acción que restaba transitar en el caso», detallaron.

Por otra parte, los camaristas hicieron lugar al pedido de la ex mandataria nacional para que se quite la figura de «traición a la Patria» en el procesamiento que pesa en su contra y en el resto de los acusados por entender que ese ilícito requiere de una declaración de guerra.

Además ratificaron el embargo de 50 millones de pesos en su contra que había sido dictado por el juez Bonadio semanas atrás.

La ex jefa de Estado está acusada de «impartir personalmente las instrucciones al resto de los imputados» para «favorecer a los acusados iraníes» a través de la firma del acuerdo bilateral con Irán, que nunca se aplicó y fue declarado finalmente inconstitucional.

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