Carlos Capdevila, médico de la dictadura, es uno de los beneficiados con domiciliaria

El juez de ejecución penal Daniel Obligado concedió el arresto domiciliario al médico Carlos Capdevila condenado por delitos de lesa humanidad en la causa de la ESMA, al considerar que integraba la lista de 1.280 presos de riesgo dentro de las cárceles federales.

Entre otros, Carlos Capdevila fue condenado en la causa denominada ESMA III, en la cual se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

Ese juicio, que se conoce también como «ESMA unificada», se inició en noviembre de 2012 con la acusación a 68 personas -de las cuales 14 murieron a lo largo del proceso- y el análisis de delitos contra la humanidad cometidos sobre 789 personas. Pero además, Carlos Capdevila cuenta con otras tres condenas: en 2011 le dieron una a 20 años de prisión, sumada a otra de 15 años también por delitos de lesa humanidad y una última de 10 años de prisión que ya había agotado.

Alojado en la Unidad 31, el penitenciario de Ezeiza, Carlos Capdevila, el médico de la ESMA solicitó su arresto domiciliario sosteniendo que por su edad, 70 años, integraba el grupo de riesgo y que su vulnerabilidad para contraer el Covid19 era mayor por sus problemas de salud preexistentes.

En respuesta a este requerimiento, y teniendo en cuenta que la Cámara de Casación Penal recomendó a los jueces federales que analicen la posibilidad de otorgar morigeraciones de las detenciones en aquellos casos de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria, el juez Obligado le otorgó la prisión domiciliaria a Carlos Capdevila.

El informe médico que analizó el juez Obligado sobre el represor y médico de la ESMA sostiene que padece hipertensión arterial, cáncer de próstata y problemas motrices, entre otros cuestiones de salud.

En su resolución, el magistrado planteó que Carlos Capdevila no tenía el correspondiente aislamiento en el Penal de Ezeiza, señalando que incluso «comparte lugares comunes con otros detenidos».

Como juez de ejecución penal, Obligado no tuvo en cuenta el rechazo del fiscal Leonardo Filippini, quien consideró que Carlos Capdevila debía seguir cumpliendo su condena en prisión, ya que allí recibía la asistencia médica necesaria.

Entre otros aspectos, el magistrado analizó que el represor integra el listado del Servicio Penitenciario Federal con 1.280 presos de riesgo, que se hizo tomando en cuenta dos aspectos centrales: el grupo etario al que pertenecen los internos y sus enfermedades preexistentes.

La decisión sobre el represor se da en medio del debate sobre la concesión de los arrestos domiciliarios. En el último mes ingresaron a la Cámara de Casación 621 pedidos de morigeraciones de las detenciones. El aluvión de reclamos tuvo como común denominador en sus argumentos el riesgo de contraer coronavirus estando en prisión.

El debate trascendió al ámbito judicial. El gobierno quedó atravesado por una fuerte interna entre quienes avalan la concesión de las prisiones domiciliarias como una solución a los problemas de sobrepoblación del sistema carcelario y como medida preventiva en medio de la pandemia del coronavirus, y aquellos que están en contra de que esa medida se conceda masivamente.

Desde que comenzó la cuarentena total, del sistema carcelario federal unos 200 presos obtuvieron el arresto domiciliario, con un agravante: el ministerio de Justicia admitió que no cuenta con tobilleras electrónicas suficientes para el monitoreo de quienes continúen cumpliendo sus penas en sus casas.

Antes de la liberación de Carlos Capdevila, habló Carolina Píparo

Carolina Píparo criticó las excarcelaciones recientes. Durante una entrevista radial, la diputada por la provincia Buenos Aires de Juntos por el Cambio apuntó contra el kirchnerismo y el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini , quien ordenó que los detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario fueran beneficiados con el arresto domiciliario .

«La verdad es que me preocupó desde antes, desde el otorgamiento de la provincia de Buenos Aires de celulares. Que también fue por fallo del doctor Violini», dijo Piparo. Y agregó: «Creo que fue el primer gran error, porque desde ahí se organizaron motines entre cárceles que están lejos una de la otra. Creo que fue una gran error de la Justicia, pero también del Poder Ejecutivo que es quien está a cargo del Servicio Servicio Penitenciario y que debe estar en la mesa de debate de lo que se puede y lo que no».

Píparo, que perdió un embarazo cuando fue baleada durante una salidera bancaria hace casi 10 años, sostuvo que el riesgo sanitario es utilizado por el kirchnerismo. «No creo que haya una cuestión sanitaria, sino algo que venía desde mucho antes. Creo que está en las bases del kirchnerismo», afirmó.

Además, dijo que en la provincia de Buenos Aires falta consenso con la oposición: «El gobernador [Axel Kicillof] se está sentando desde el día uno en mesas de diálogo donde todos están de acuerdo, ojalá que pudiéramos participar, eso es para descomprimir las cárceles».

Según Píparo, los diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio «estamos dispuestos a colaborar en esas mesas, porque todos queremos solucionar la situación penitenciaria. Pero lo que nunca puede ser es la liberación. La solución es hacer más cárceles , porque ha crecido la población pero no se han hecho más cárceles. Hay pocos recursos y poca voluntad política. Tiene que estar la voluntad de los principales referentes para que sea una política, para que el preso esté en condiciones dignas».

La legisladora opositora insistió en la idea de que «el coronavirus es una excusa y que esto lo tienen que hablar de cara a la sociedad». Sobre este punto sostuvo: «No puede ser que nos pretendan engañar vía coronavirus, si un quiere cuidar a esa población lo primero que uno hace es aislar a los grupos de riesgo dentro de la misma cárcel, porque hay lugares para hacerlo y no son tantos los grupos de riesgo».

«Yo en calidad de víctima me siento igual que toda la sociedad», dijo Píparo y agregó que «la sociedad está aislada y las noticias pasaron a ser cuántos presos se liberan. Es algo que no tiene criterio».

También afirmó que falta información precisa sobre los presos que podrían ser liberados por la emergencia sanitaria del coronavirus. «Estamos escuchando que puede salir un violador, un asesino, no hay un listado claro ni es público . Es la misma impotencia que siente la sociedad», dijo.

La diputada insistió en la necesidad de que la oposición esté presente «en esas mesas de diálogo. Me parece que es una burla, hace una semana que hablamos de este tema, cuando hay temas mucho más importantes».

«Empezaron a salir muchos , en los audios que se filtraron de la comisión de la Memoria, el encargado dice que estamos logrando desde enero la liberación de tantos compañeros. Uno no puede llamar compañero a personas que han hecho tanto daño. Es la ideología del mal» , argumentó Píparo.

«No podemos volver a debatir si asesinar y violar está mal. Ellos nombran los tratados de derechos humanos, que los hicieron cuando fueron gobierno. Ellos también hablan de derecho a la vida, a la integridad sexual y física, derecho a la propiedad.quiero rescatar que no toda la población carcelaria se amotina, porque una parte acepta su condena y su responsabilidad», explicó la diputada y víctima de la inseguridad.

Sobre los motines, Píparo dijo: «Generalmente, muchos son alentados por sus abogados defensores a cometer estos delitos, porque el motín es un delito violento. Entonces a partir de un delito violento nos sentamos a negociar con un asesino serial, esto es lo que creo que no es bueno para nadie».

Además, Píparo recordó que «ayer el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa , dijo que si no se cumplía la ley de víctimas se iban a iniciar juicios políticos».

Al respecto, sostuvo que «esto es bastante discursivo y falaz. Es interesante que el juez Violini salga a escribir en su Twitter que su fallo no era para delitos graves. Está bueno que le explique a toda la sociedad y no a tres o cuatro víctimas».

Por último, Píparo dijo: «Los tratados de derechos humanos son recomendaciones, no obligaciones. El [presidente Alberto Fernández] debería evaluar qué mensaje le da a los argentinos que están respetando el aislamiento y que los mismos tratados hablan de los derechos de todos, no solamente de derechos de los delincuentes».