Correo Argentino: Carlos Zannini rechazó la oferta de los Macri

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, rechazó ante la Justicia Comercial que está a cargo del concurso de acreedores la última oferta que presentó la familia Macri para saldar en un pago toda la deuda del Correo Argentino. El funcionario, espada jurídica de la vicepresidente Cristina Kirchner, reclamó además la quiebra de la compañía.

Con la firma de Zannini y del subprocurador Horacio Pedro Diez, el Gobierno se presentó ante la jueza Marta Cirulli con un escrito en el que acusó a Correo Argentino -cuya controlante es SOCMA, la firma insignia de los Macri- de tener “mala fe” y buscar “dilatar el proceso” del concurso, que está abierto desde 2001. En el documento oficial se desestimó la última propuesta presentada hace dos semanas, en la que se planteó que se aceptaba pagar de una vez y al contado 1.011 millones de pesos o lo que la Justicia determinase como crédito.

“Este escrito pone en evidencia que la intención de la Procuración del Tesoro no es cobrar el crédito que tiene el Estado, sino promover la quiebra del Correo Argentino lo antes posible con objetivos políticos que exceden lo jurídico”, afirmó Jaime Kleidermacher, abogado de la empresa de la familia Macri y agregó: “Ofrecimos el pago total de la deuda, y a partir de ahí la Justicia puede homologar la propuesta e instar a que el Estado cobre lo antes posible su deuda. En cambio, el gobierno a través de Zannini, buscar presionar a la justicia para cambiar esa instancia”.

En el escrito, en cambio, Zannini consideró que la propuesta que hizo el Correo Argentino “pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria” y rechaza que el Estado sea, como lo acusó la empresa, un acreedor hostil: “¿Cómo podría seriamente aceptarse que el Estado es acreedor hostil cuando es la Concursada quien en la última propuesta formulada en el año 2016 realizó una oferta irrisoria? Con tal antecedente, cualquier oferta que con posterioridad realizada -incluso la que ahora formula- necesariamente va a resultar ‘superadora’ -sólo respecto de aquella, naturalmente”.

Más allá de los argumentos legales de las partes, se trata de una causa en la que se juegan no sólo intereses comerciales y patrimoniales, sino, principalmente, factores políticos, debido a la relación de Macri. El propio expresidente, en una entrevista televisiva, afirmó que la del Correo es una causa en su contra: “Quieren extender la quiebra del Correo a la controlante, que es SOCMA, y a los accionistas, donde están mis hijos, y ese es el plan. A mis hijos les dije que si esto pasa es que la Argentina se quebró institucionalmente y el país está en una situación más grave que lo que les pasa a ustedes”.

En el escrito, Zannini pidió la quiebra, una decisión que, en caso de tomarla la jueza Cirulli, podría efectivamente impactar directamente en la familia del expresidente. “En mérito de lo expuesto, solicito tenga por formuladas las consideraciones precedentes y prosiga con el trámite de la causa, según su estado”, es la frase que pone a la magistrada ante dos opciones: Declarar efectivamente la quiebra, en línea con lo planteado por el Gobierno; u homologar la propuesta realizada por los Macri. También, la jueza podría generar un nuevo incidente, dando intervención a alguna de las partes.

“Estamos ofreciendo pagar el 100% de lo que se debe. Si no son los 1.011 millones que propusimos, que lo determine la Justicia. Si el Estado controvierte esa cifra, pagaremos lo que la Justicia determine pagar: Es el 100% a los 30 días que quede firme esa resolución y la Procuración está rechazando eso”, advirtió Kleidermacher. “Hemos anticipado en nuestro escrito que una oposición de la Procuración del Tesoro sólo se puede entender como una posición hostil o abuso de derecho, porque nadie puede rechazar cobrar el 100%, es hacer daño por daño mismo”, continuó.

Antes de la presentación, la jueza Cirulli había declarado el 3 de marzo último, que “el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor”, dejando así abierta la puerta para avanzar contra la controlante de la empresa postal y sus accionistas, entre los que están familiares del exprimer mandatario.

En medio del escándalo por el Correo Argentino, Alberto Fernández hizo un anuncio

El gobierno de Alberto Fernández impulsó este viernes la querella contra el expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga si existió defraudación contra la administración pública al haber acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito Stand By por U$S 50 mil millones.

A través del decreto 239/2021, se instruyó al Procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini a constituirse como querellante – en representación del Estado Nacional- en la causa 3561/2019, en la que se intenta determinar si durante la gestión de Mauricio Macri se cometió el delito de “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. Se trata de un expediente que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 de la Ciudad.

El 12 de marzo, la Oficina Anticorrupción (OA) había realizado una denuncia penal ante ese Juzgado luego de recibir un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación, sobre los procedimientos aplicados en la toma del crédito stand by con el FMI.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso de la Nación, Alberto Fernández había anunciado una “querella criminal” contra Macri al asegurar que esos fondos “se utilizaron para favorecer la campaña” del expresidente. “Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, agregó.

Entre otras cuestiones, la resolución le pide a la Sindicatura General de la Nación que determine la existencia y, en su caso, detalle a cuánto asciende el perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso del dinero. El contrato entre el Gobierno y el organismo crediticio que por aquel entonces presidía Christine Lagarde se firmó el 12 de junio de 2018.

El decreto lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros de Justicia Martín Soria y de Economía, Martín Guzmán.

La denuncia penal había sido elaborada por Félix Crous e incluyó a varios funcionarios macristas, entre estos, el exministro de Economía Nicolás Dujovne y los presidentes del Banco Central Federico Sturzenegger; Luis Caputo y Guido Sandleris.