Cortes en la vía pública, un tema controvertido para todos
Vivimos casi a diario, cotidianamente y a lo largo de todo el país, cortes de rutas, avenidas, puentes o calles a modo de protestas, que aportan a la desarmonía social, no garantizando el orden. Sería indispensable que las autoridades garanticen el objetivo de asegurar los derechos constitucionales, como ocurre en las sociedades civilizadas .
Si bien la Constitución garantiza derechos y libertades a los habitantes, también nos advierte que esos derechos sólo pueden ser ejercidos conforme a la leyes que los reglamentan.
En otras palabras reglamentar un derecho significa ponerle límites a su ejercicio, asegurando el orden en la convivencia social, evitando que el ejercicio de los derechos de unos, no interfiera en el ejercicio de los derechos de otros.
Si bien la ley contempla la posibilidad de que los derechos sean limitados, también exige que se lo haga de manera razonable, o sea, que no afecte o vulnere el derecho en sí.
El derecho de protestar o peticionar a las autoridades, cae en su expresión más polémica cuando se realiza cortando calles, rutas o accesos, se convierte como cualquier otro, en foco de ser limitado por la ley, porque sea cual fuere el motivo del reclamo, se está permitiendo que un grupo de individuos impida ejercer a otros el derecho de circular, que puede estar conectado desde ir a trabajar, estudiar, enseñar, o simplemente el ejercicio de trasladarse de un punto a otro, no hace otra cosa que confirmar el ejercicio de un derecho en forma abusiva, es un acto ejercido abusivamente perjudicando a terceros, acto que no ampara la constitución o Código Civil.
Sin embargo la realidad se encarga de demostrar que sólo son palabras o expresiones de deseo. La falta de respeto hacia el otro, forma parte de nuestra idiosincrasia.
No hay derechos más importantes que otros ni se los puede jerarquizar en el marco de un conflicto de intereses.
Los cortes de calles y de rutas reflejan la ausencia de diálogo. Cuando los representantes de la protesta no son escuchados o la respuesta es el silencio o la indiferencia, se ven obligados a salir a la calle. Pero en lugar de presionar a quien corresponda, que tiene la obligación de ocuparse de resolver sus problemas, lesionan los derechos de los otros ciudadanos que nada tienen que ver en el conflicto, generando en una buena parte de la comunidad el rechazo a la protesta. Aquel que debe trasladarse al interior o viene desde allí a la capital para trabajar y los piquetes le impiden el libre tránsito, experimenta no sólo una frustración, sino que siente que se avasallan sus derechos constitucionales.
¿Como podemos resolver este tema tan escabroso, sin que estos acontecimientos traigan aparejados un costo político?
El delito por entorpecimiento de servicios públicos está contemplado en el artículo 194 del Código Penal. Sin embargo no existe una postura jurídica generalizada para los cortes de calles y rutas.
Cortes de tránsito y política
El día miércoles 17 de febrero,organizaciones políticas del kirchnerismo y la izquierda llevaron a cabo hoy una «jornada nacional de lucha» para reclamar la liberación de la líder de la Tupac Amaru, con protestas en todo el país y cortes en los principales accesos a la Capital Federal, impidiendo que miles de personas llegaran a horario a sus actividades.
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