Crisis en Brasil: cuando el PMDB controla la situación
Salvo durante el período transcurrido entre octubre de 1990 y mismo mes de 1992, los diversos jefes de Estado del Brasil posdictatorial han encabezado coaliciones gubernamentales donde el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, creado a comienzos de los ‘80) actúa como aliado imprescindible. Esta formación, cuya máxima autoridad es el vicepresidente Michel Temer, no tiene reparo alguno en apoyar a candidatos de posturas ideológicas opuestas entre sí, siempre que ello le garantice su permanencia en el poder.
Pocos días atrás, la cúpula del PMDB decidió romper la alianza que mantenía con el Partido de los Trabajadores (PT), vigente durante trece años y medio. Tal distanciamiento fue dado en el marco de un proceso de juicio político que se inició contra la mandataria Dilma Rousseff, acusada de utilizar fondos públicos con propósitos distintos a los asignados en el presupuesto, buscando así aumentar el gasto público y captar votos de cara a los comicios generales de 2014. Este hecho constituiría un delito de responsabilidad fiscal, argumento puesto en duda por no pocos abogados.
Si bien es endeble la defensa pronunciada por funcionarios del Palacio del Planalto -quienes sostienen el accionar presidencial bajo el polémico lema “otros hicieron lo mismo”-, tampoco puede brindársele demasiado crédito a la postura moralizante sostenida por legisladores pemedebistas, quienes parecen actuar con un doble rasero ante demás casos de corrupción, incluso originados al interior de su propio partido.
Entonces, resultando difícil tomar en serio las proclamas pronunciadas por numerosos congresales, intentemos valernos del marco teórico que la Ciencia Política ofrece para definir aquellos elementos de los que pudo haberse valido la principal fuerza brasileña al abrir un proceso de impeachment contra la presidenta que, cinco años y medio atrás, ayudó a encumbrar.
Analizando las causas del juicio político
A lo largo del texto Repensando el presidencialismo: desafíos y caídas presidenciales en el Cono Sur, Kathryn Hochstetler indica que los jefes de Estado son comúnmente desafiados por actores civiles cuando se identifica, al menos, una de las siguientes causales: políticas neoliberales impopulares, involucramiento personal en escándalos y estatus minoritario.
Considerando la primera de las motivaciones, debe reconocerse que, incluso habiendo nombrado como ministro de Finanzas al bancario Joachim Levy -quien renunció luego de fracasar en su intento de revertir la fuerte caída del PBI mediante la aplicación de un conjunto de medidas de tinte ortodoxo -, Rousseff mantiene una concepción desarrollista del esquema económico, la cual impidió que diversos programas sociales ya iniciados con Lula da Silva se viesen interrumpidos ante las primeras dificultades registradas por las cuentas del país.
En cuanto a los sucesos de corrupción, la presidenta sufre las consecuencias de la Operacão Lava Jato, nombre que se le da a una investigación abierta por la Policía Federal de Curitiba con el propósito de desarmar un esquema de lavado de dinero que incluye a directivos de Petrobras, así como numerosos políticos, tanto del PT como sectores de la oposición. Sin embargo, Dilma no está acusada de integrar la asociación ilícita en cuestión, por lo cual fue imposible iniciársele juicio político bajo este motivo.
Por último, si dijésemos que el PMDB se valió de la soledad política de la mandataria, aceptaríamos que esta última jamás contó con un fuerte bloque de poder. Ello no es así, dado que la coalición oficialista tuvo mayoría absoluta en ambas Cámaras legislativas hasta el momento en que la cúpula del partido ligado al vicepresidente decidió abandonar el Gobierno.
Al no encontrarse ninguno de los tres factores mencionados, ¿cuáles son las causas que motivan la intención de desplazar a la jefa de Estado de su cargo, considerando para ello al quiebre de la estructura coalicional protagonizada por el PT y el PMDB como un paso totalmente necesario?
En el PMDB, todo depende de cálculos, no programas
Las verdaderas razones de la ruptura estarían ligadas a los incentivos oportunamente señalados por Daniel Chasquetti: mientras fue avanzando el segundo período presidencial, y ya sin posibilidad de reelección por parte de Rousseff, los dirigentes pemedebistas entendieron oportuno situarse en las huestes opositoras de cara a las próximas elecciones municipales.
Así, miembros del más importante movimiento político parecen no mostrarse preocupados por limitar las consecuencias de una extraordinaria crisis que en parte iniciaron, siempre y cuando mantengan indemne su cuota de influencia. Todo parece ser válido en nombre de una tentación irrefrenable por el poder.
Cabe destacar que las iniciativas de impeachment exitosas llevadas a cabo en Sudamérica, siempre estuvieron acompañadas de multitudinarias protestas callejeras que promueven la remoción del presidente, algo visto con frecuencia en ciudades como San Pablo. Por este motivo, la gestión federal está diagramando un conjunto de medidas que favorezca a las familias más pobres, buscando mejorar la imagen que Dilma registra en las clases bajas y así ampliar su base social.
En simultáneo, se intenta –con enormes obstáculos- conformar un ‘escudo legislativo’ que impida el avance del proceso de juicio político. Teniendo a su lado sólo a algunas formaciones pequeñas, el Poder Ejecutivo necesita del respaldo de diputados y senadores que, aún contrarios a la jefa de Estado, no están convencidos de su culpabilidad.
Ya sea en la oposición o el oficialismo, el PMDB continuará, indudablemente, ejerciendo un papel de enorme relevancia en la arena política brasileña. Podrán sucederse comicios, jefes de Estado y coaliciones, pero este partido de ideología oportunista permanecerá allí, fuerte y arrogante. Capaz de jaquear al sistema.
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