Defendiendo la libertad frente al ciberpatrullaje
Gustavo López, Vicepresidente de ENACOM
Ante el tremendo avance que el COVID-19 está teniendo en todas las sociedades del mundo, es indudable que el rol del estado como ente interventor en la sociedad ha vuelto a tomar cierto poder que pudo haber perdido. La cuarentena y el contexto de debilitamiento del sistema sanitario para hacer frente a los diversos efectos negativos que puedan surgir, han generando el escenario ideal para avanzar contras diversas libertades de la sociedad.
Desde el 19 de marzo, el pueblo no puede caminar sí no es con un permiso de tránsito, ya no podemos visitar a nuestros padres o abuelos, no podemos entrenar al aire libre y mucho menos trabajar. Sí bien la excusa es la protección de la salud, el medio parece un avance contra toda libertad individual.
Siguiendo el hilo conductor que impuso en su momento Sabina Frederic con respecto al ciberpatrullaje y la medición del humor social, la semana pasada, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, declaró que habría que regular los portales de noticias.
Este ideal de censurar la libre circulación de la información en internet por parte del gobierno, viene seducida por parte del director de la OMS, quien en su momento advertía sobre los peligros de una “infodemia”. Según este concepto, que básicamente busca delegar culpas no asumidas, una abundancia de información imprecisa con respecto al contexto de la salud pública dificultaría a los ciudadanos guiar sus acciones y decisiones en momentos de urgencia sanitaria.
Desinformación y una salud pública prácticamente incapaz de hacer frente a esta pandemia son los justificativos para violar pilares de la libertad de expresión.
En este punto quiero detenerme un poco para aclarar que opina el mundo con respecto a este avance contra la libertad. En 2016, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró que las medidas intencionales para evitar o interrumpir el acceso o la diseminación de información en línea, constituye una violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, la OEA ha repudiado de manera específica arbitrariedades por parte del gobierno para restringir el acceso a las redes de telecomunicaciones e internet.
Según el informe «Freedom on the Net», elaborado por la organización no gubernamental Freedom House, el 67% de los usuarios de Internet vive en países en los que criticar a las autoridades políticas puede ser motivo de censura y penas judiciales. Aunque la persecución de la opinión social ajena al poder político de turno en Internet no es algo raro en muchos países, la severidad de las penas y el aumento de estas persecuciones parece perseguir un objetivo más ejemplarizante que de seguridad, incitando a la autocensura de la población.
Hay algo que no podemos negar, las redes sociales y los nuevos medios de comunicaciones han cambiado tanto el comportamiento humano, que básicamente, hoy son herramientas indispensables para iniciar cualquier proceso de cambio social. Por este motivo, sí nos ponemos en abogados del diablo, es entendible que los gobiernos de todo el mundo quieran avanzar en esta área para controlarlas, ya sea mediante la censura de contenidos, el cierre de plataformas o la persecución directa a los usuarios. Un ejemplo de este último punto (persecución directa a los usuarios), es lo sucedido a inicios de abril, cuando el Área de Ciberpatrullaje de la SubDDI y la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional Argentina detuvo a un pibe por – irónicamente – hacer un llamamiento social a realizar saqueos.
El activismo político y el gran conocimiento que generó la democratización del internet, hace que el debate social, político y económico este hoy en las redes. El tiempo de “quién gana las calles, gana el poder” poco a poco comienza terminar y tiende hacia una evolución de “quién domina internet, gana el poder”. que hace uso de las redes de comunicación e información ha dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en moneda corriente.
Antes de hacer un revisionismo histórico del Kirchnerismo y su avance contra la libertad de expresión en internet, es importante recordar el artículo 19 de la Declaración Universal:Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Para entender un poco más del contexto de este atropello digital, revisemos dos casos del Kirchnerismo contra la libertad de expresión:
- En 2015, el Kirchnerismo de la mano con el INADI, intentó avanzar en su censura de internet a través de su proyecto de ley 7379-D-2014. Este proyecto pretendía regular conductas vinculadas con expresiones insultantes y discriminatorias. Sin embargo, pasaba por alto algo muy importante, y es los estándares vinculados a la libertad de expresión reconocidos tanto por el sistema interamericano de derechos humanos, como de los informes del Relator Especial de Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas.
Otro problema que generaba este proyecto, era la creación de una nueva figura penal -algo especialmente peligroso en el ámbito de la expresión de las ideas- al reprimir con penas de un mes a tres años los nuevos actos discriminatorios. Sí bien sus objetivos filosóficos de luchar contra la discriminación se podría decir que son positivos, su ambigua e imprecisa redacción deja la puerta abierta a todo tipo de abusos sobre la libertad de expresión individual, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación de todas las personas.
- Otro intento por regular la libertad de expresión por parte del Kirchnerismo fue en 2013, cuando la Legislatura de Entre Ríos, tras una serie de saqueos presuntamente organizados, trató una resolución para pedirle al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri a establecer restricciones al uso de las redes sociales y otras plataformas en casos de conmoción interior. Es buenos saber que esta propuesta fue totalmente negada.
Las prácticas políticas de restringir la información creada por diversos usuarios en contexto de cuarentena no es algo local, sino que se ha presentado en varios países de la región. Algunos ejemplos de este accionar pueden ser los realizados por el gobierno de Bolivia, quien dictó un decreto donde, entre otras medidas, se señalaba que se perseguirá penalmente a quienes desinformen o generen incertidumbre a la población. Perú es otro caso de avance en la libertad de expresión digital, país donde se decidió sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes difundan fake news.
Los gobiernos, sin importar que poder representen, deben entender que no es tarea del estado ejercer un control de comportamiento sobre las redes para conocer el estado de ánimo de la población o el humor social, como lo reconoció la ministra Frederic. En las redes se expresan opiniones, ideas, disensos y propuestas. Sí el estado controla y castiga según su criterio de “bueno o malo”, el pueblo queda amordazado frente a su avance. Este tipo de medidas no genera otra cosa que desincentivar la libertad de expresión y el libre flujo de información.
A modo de conclusión, es elemental entender que estando en el año 2020, la libertad de expresión es la condición previa del desarrollo social y económico de un país. Sin ella, solo nos queda obedecer a un gran hermano que nos indique cómo actuar. Por esto, para hacer plenamente efectivo nuestro derecho a la libertad de expresión, el intercambio de opiniones, ideas e información, es elemental frenar el avance casi tiránico del gobierno en las diversas esferas del desarrollo social.
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