Denuncia de Nisman: indagarán a Cristina por encubrimiento
En el marco de una de las causas más sensible de las que enfrenta, Cristina Kirchner deberá declarar cuatro días después de celebradas las elecciones en las que disputa una banca en el Senado de la Nación. El juez Claudio Bonadio la llamó a indagatoria por el supuesto encubrimiento de los cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA.
La ex Presidenta deberá presentarse en en los tribunales de Comodoro Py el 26 de octubre. Además, están citados el ex canciller Héctor Timerman que será el primero en declarar el 17 de octubre; Carlos Zannini (23 de octubre) y otros doce imputados más entre los que se encuentra Luis D`Elía, Andrés Larroque, Angelina Abbona.
Después de unificar las causas contra Cristina Kirchner en relación al rol del Estado frente al atentado de la AMIA -la primera basada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento y el expediente de 2015, por el presunto delito de traición a la Patria en base a un audio revelado por un libro de investigación periodística, el juez Bonadio le puso fecha a la indagatoria de la ex presidenta y otros catorce imputados, con una orden de prohibición de salida del país para todos.
El 26 de octubre, con el resultado provisorio de los comicios y a la espera que la justicia electoral confirme sus fueros con el escrutinio definitivo, la ex mandataria deberá declarar por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El fiscal Gerardo Pollicita había pedido el 7 de septiembre, al juez Bonadio la declaración indagatoria de Cristina y del ex canciller Héctor Timerman, al dar por probado que existió un «plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento» por ambos para «dotar de impunidad» a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA.
La ex presidenta y sus ex funcionarios están imputados por «encubrimiento agravado» por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y por su rol de funcionarios públicos, generaron «un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público».
El «plan criminal» según la justicia, estuvo «destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní» imputados por el atentado a la sede local de la AMIA. Esto les permitió «eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado».
Hay al menos dos grandes grupos involucrados en el «accionar criminal denunciado». Todo fue «orquestado y puesto en funcionamiento» por Cristina Kirchner, como principal autoridad del Estado. Las responsabilidades de la puesta en marcha del Memorando de Entendimiento «brindando conformidad» al mismo, alcanza a quienes eran sus principales funcionarios: Carlos Zannini (ex secretario Legal y Técnico), Oscar Parrilli (ex secretario general de la Presidencia), la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex canciller Héctor Timerman, Juan Mena (ex jefe de Gabinete del ministerio de Justicia), Eduardo Zuain (ex vice canciller), entre otros.
La maniobra contó con «canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales», como «vías concretas, eficientes para avanzar con el objetivo criminal planeado». Esto incluye una serie de escuchas telefónicas e intermediaciones de «un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios» que desde la informalidad, «contribuyeron estratégica y sustancialmente con la concreción del plan»: Luis D´Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Jorge Khalil.
A las indagatorias, se sumó el llamado a declaración testimonial a los presidentes de Comisiones y de bloques que intervinieron en la aprobación del Memorando de Entendimiento con Irán que está apuntado como la política institucional «de encubrimiento» que estorbó «el esclarecimiento» del atentado de la AMIA.