En la Argentina, ¿los derechos de los jóvenes están garantizados?
La población joven es heterogénea en cuanto a la pluralidad de estilos existentes, en el consumo diferencial, en las distintas actividades que prefieren, y por las desigualdades socioeconómicas que la atraviesa y que repercuten en las futuras generaciones, proclives a estar en situación de vulnerabilidad social.
Aunque en la Argentina se observaron cambios positivos en la primera década del siglo XXI, aún persiste en el escenario socioeconómico pobrezas estructurales que lejos de reducirse parecen acrecentarse, más en el contexto de crisis y contracción económica por la que estamos atravesando.
En nuestro país, según datos del ODSA-UCA (2014), el 37% de los jóvenes de entre 18 y 29 años no termina o no llega a acceder al nivel secundario, mientras que del 40% que comienza los estudios universitarios, sólo el 8% logra graduarse. La situación es más desalentadora sabiendo que el 18% no estudia, no trabaja ni busca trabajo. Además, el 64% de los jóvenes está desempleado o posee un empleo precario.
Por lo tanto, podemos observar que los derechos de los jóvenes en nuestro país no están siendo garantizados, a la vez que se evidencian deudas sociales en la materia que reflejan la debilidad del argumento oficial de asignar más derechos a las juventudes.
En esta dinámica, el Estado debe asumir un rol activo, tanto desde el Poder Legislativo, estableciendo un marco normativo que promueva derechos y garantías para los jóvenes, siendo complementarios de otros reconocidos en la Constitución Nacional y tratado internacionales; como por el Poder Ejecutivo, que debe diseñar e implementar políticas públicas destinadas a esta población, con medidas específicas encaminadas hacia la efectivización de sus derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos.
Es por ello que desde el equipo técnico de Juventud de Fundación Pensar, y en conjunto con el equipo de la Diputada Nacional Gisela Scaglia, avanzamos en redactar un paquete legislativo que incluye proyectos como la Ley Nacional de Juventud, el pedido al Gobierno Nacional a que Argentina deje de ser uno de los pocos países que no suscribió a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, y otros que plantean cómo desde el Poder Ejecutivo Nacional se deben abordar las políticas públicas para los jóvenes.
Esperamos que todos Legisladores del Congreso Nacional acompañen esta iniciativa más allá de las diferencias y poniendo el foco en los jóvenes que más necesitan de la presencia del Estado, quienes hoy tienen sus derechos vulnerados y se los condena a un futuro poco prometedor. Revertir la situación de vulnerabilidad social en la que viven muchos jóvenes en nuestro país, sigue siendo el desafío.
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