Estabilidad o cambio, el dilema de Cambiemos

Como señalé en mi anterior artículo publicado en este sitio el día jueves 4 de agosto, la Argentina está en el camino de la recuperación. Luego de 12 años de Gobiernos que violentaron la propiedad privada, que erosionaron las instituciones de la República y que dieron rienda suelta a los instintos más voraces en detrimento del sentido común y la racionalidad. La nueva Argentina mira hacia afuera; reconoce que sola no puede crecer y que por eso debe tejer compromisos y alianzas con todos los países, especialmente con aquellos que han alcanzado un desarrollo maduro e inclusivo, por caso, Alemania, Japón e Italia, entre otros. Los beneficios de sentarse y dialogar tienen como resultado un aumento de la confianza recíproca entre los países, que puede “desembocar” en un futuro en la promesa de nuevas inversiones de empresas foráneas en el país o en la apertura de nuevos mercados para la Argentina. Japón, por ejemplo, ya ha mostrado intenciones de invertir fuerte en la Argentina a partir de la visita de Gabriela Michetti (vicepresidente de la Nación) a ese país. Tan es así que el embajador de ese país en la Argentina anunció inversiones por hasta US$ 9000 millones para los próximos 3 años (hasta el año pasado, Japón venía invirtiendo cerca de US$ 100 millones por año). Independientemente de si ésto se termina concretando, lo cierto es que Argentina, como bien señala la oposición -especialmente el Frente para la Victoria-, ha dado un giro de 180° en su política (entendida como la forma de ejercer el poder), en su política económica y en su política social. El Gobierno, muy ambicioso en sus objetivos, busca también modelar la sociedad argentina a través de la difusión de nuevos valores, nuevas formas y maneras de pensar. Esto es lo que pasó en la discusión sobre el aumento de las tarifas. El Gobierno se ha empecinado hasta el hartazgo en señalar que la gente debería ser más austera y ahorrar más energía. Se busca así un cambio cultural. Dicho esto, no caben dudas de que estamos ante un cambio de época que pone en tela de juicio la idea del cambio gradual que mucha gente, como yo, viene sosteniendo.

Hasta acá parece no haber demasiadas dudas o cuestiones que objetar. Porque el país ha salido del cepo cambiario de manera muy rápida, se ha producido un sinceramiento del tipo de cambio a partir de la devaluación de principios de año, el país pasó del aislamiento internacional a la cooperación bilateral/multilateral (con su presencia en los foros internacionales) y el Congreso comenzó a funcionar como órgano de discusión y deliberación [1]. Por no mencionar el tema de los subsidios en los servicios públicos. Si bien estos cambios representan cambios profundos y estructurales (que difícilmente podrían ser considerados como “graduales”), también es cierto que hay políticas que no han cambiado demasiado. Por ej., el programa Precios Cuidados, que buscaba proteger el consumo de las clases populares, sigue hasta hoy vigente. Se pretende, de hecho, extender el programa hacia un nuevo conjunto de productos como medicamentos [2]. Así, cuando uno va al supermercado, las etiquetas insignias del programa siguen apareciendo. En cierta forma, es como un regreso al pasado: hay (¿todavía?) un puente que une a este Gobierno con las políticas del kirchnerismo. Otra política que no varió demasiado es la Asignación Universal por Hijo (AUH). Lo mismo que los Precios Cuidados, la AUH se ha extendido hacia nuevos sectores -los monotributistas- y su monto se ha elevado. Pero no desapareció. Otro ejemplo podría ser la política del Gobierno en ciencia y tecnología. Hay una voluntad firme de continuar el trabajo realizado hasta ahora, con algunos cambios. Es por eso que este Gobierno ha mantenido en sus puestos a los ministros y a todo el equipo que venía trabajando en esa área. Algunas de estas políticas parecen ser más coyunturales que permanentes, como es el caso del programa Precios Cuidados que estaría finalizando en pocos meses en la medida en que la inflación se vaya reduciendo y el Gobierno pueda generar las condiciones para el desarrollo de una economía competitiva.

Todo esto grafica muy bien la idea de que la dicotomía “cambio gradual” / “políticas de shock” que se ha venido instalando en los medios de comunicación para describir y caratular al conjunto de políticas del Gobierno actual es relativa. Todo depende de cómo fundamentemos la existencia de uno u otro cambio, y qué posición relativa adoptemos en la discusión[3]. Por eso creo que, en última instancia, estamos en presencia de una discusión que no aporta demasiado, lo que se llama un “falso debate””. Además, ni unos ni otros ganan: ni “intelectuales” ni ciudadanos. Los primeros porque no se ponen de acuerdo en las premisas (ni en los fundamentos) de la discusión, los segundos porque están preocupados por una economía que repunta muy lentamente.

Pero hay algo que sí es importante y es que el crecimiento de la Argentina no debería darse de cualquier manera. El país debe apostar a crecer durante muchos años. Desde hace meses los pronósticos de los economistas y consultores hablan de un crecimiento para el país de entre 3 y 3,5% para todo el año que viene. Así lo ha manifestado también el presidente.

Argentina se encuentra desde diciembre pasado en una disyuntiva: debe cambiar, por un lado, las políticas que tanto daño le han generado y, por otro lado, alcanzar la estabilidad política de la que históricamente los gobiernos no peronistas han carecido. Parece haber madurado en la sociedad la idea de que el Gobierno debe ser respetado y tolerado, la democracia resguardada y protegida sin importar quién ocupe el poder (salvo en grupos minoritarios, los cuales no se percataron de los cambios habidos en la sociedad). Y esto también representa un cambio cultural de gran magnitud. En última instancia, el kirchnerismo como fuerza política alcanzó el poder gracias a la pasividad y complicidad de una buena parte de la sociedad que, en lugar de defender las instituciones de la democracia, abdicó de sus responsabilidades, desentendiéndose de una situación crítica. Y esto fue así cuando no participó directa y activamente de los eventos de 2001. Es bueno recordar ahora que ningún Gobierno se hace un “golpe a sí mismo”, más allá de las impericias y los errores cometidos en la gestión. Una mala situación económica y social no debería ser excusa para “voltear” a un Gobierno, más bien debería llevar a los actores políticos a tejer mayores consensos para sacar la situación a flote y defender la democracia y las autoridades constituidas. No se es demócrata sólo en las buenas, en definitiva, sino también y especialmente, en los malos momentos.

Habiéndose avanzando en este proceso de aprendizaje deberíamos ahora apoyar como ciudadanos no sólo la estabilidad del Gobierno propiamente dicho, sino también la estabilidad en las políticas del Gobierno (y entre Gobiernos), que conduzcan a políticas de Estado sustentables en el tiempo [4]. En definitiva, éstas son las premisas básicas para lograr dos de los tres objetivos centrales de la administración actual: derrotar el narcotráfico y disminuir la pobreza (el objetivo de “pobreza cero” es técnicamente inalcanzable) [5].

La lucha contra el narcotráfico va a requerir un esfuerzo mancomunado y coordinado de la comunidad política argentina, las fuerzas policiales y la justicia. La Argentina ya no es más un país de tránsito, sino un país productor de drogas. Este Gobierno ha emprendido una serie de acciones en ese ámbito que deberán persistir y extenderse en el tiempo. Por ejemplo, ha promovido un mayor control de las fronteras, a partir de un aumento en la cantidad de personal policial (gendarmería) presente en esas zonas. También está buscando mejorar el intercambio de información entre los países a partir de una mayor cooperación internacional (con Colombia, EEUU, Israel y Europa) y apuesta fuertemente a la incorporación de tecnología y a la radarización del territorio para detener el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente en la frontera norte. Creo que estas medidas son compartidas por una buena parte de la dirigencia política de la oposición. El eje central para derrotar la pobreza es la inversión privada externa. Hay un gran interés por parte de diferentes países para invertir en el sector de la energía alternativa. Pero para que esas inversiones se efectivicen, se requiere un horizonte de previsibilidad -reglas claras, estables y de efectivo cumplimiento- que garantice el rendimiento futuro de esas inversiones. Es bueno no olvidar que determinadas inversiones -como las propias de este sector- requieren de varios de años -hasta décadas- de maduración para generar las ganancias esperadas. Y ningún empresario invierte si el cálculo de rentabilidad no le cierra.

Esto es lo que está pasando en la Argentina actualmente, más allá de los loables esfuerzos del presidente y sus ministros en ese sentido: como dije y repetí en otras oportunidades, Gobierno y oposición deberán cooperar en mayor medida, tanto dentro como fuera del Congreso, para alcanzar un mayor consenso sobre determinas políticas[6]. Y promover así un clima de confianza hacia afuera, sin importar quién gane las elecciones del año que viene. El compromiso y el trabajo en conjunto que lleven a una mayor responsabilización de la clase política frente a la sociedad es clave en este sentido. Un acuerdo económico y social atado a premios y sanciones luego de la normalización de las variables centrales de la economía es afín a este objetivo. Un acuerdo programático de 8 o 9 puntos sobre los objetivos económicos y políticos fundamentales y los medios básicos para concretarlos también[7]. En un artículo pasado propuse la integración de “figuras” de la oposición en el gabinete nacional. No de cualquier manera, sino como representantes de sus respectivos partidos en el Congreso[8]. Algo así como un presidencialismo parlamentarizado. Independientemente de quien gobierne, estos acuerdos resultan importantes -quizás imprescindibles- para comenzar a “vender” al país (que no se malinterprete) como un lugar atractivo, previsible y seguro para los inversores de todo el mundo. Y para incentivar la confianza entre Gobierno y oposición. Posiblemente solo por estas vías será posible torcer el rumbo histórico y vencer el derrotero de inestabilidad política, subdesarrollo y baja institucionalidad. Volver a levantar las banderas del progreso, la estabilidad y el desarrollo. Especialmente en época de vacas flacas.

El Congreso actual se parece mucho más al que existió históricamente en Chile que al que funcionó en Argentina durante casi toda su historia. Arturo Valenzuela, un escritor chileno, habla de “políticas de acomodación” para remarcar el nivel de consenso y negociación alcanzado en Chile.
El programa sigue vigente actualmente con menos productos que el año pasado.
Este razonamiento es válido para los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas.
El régimen democrático ha permanecido estable -más allá de algunos sobresaltos- desde 1983 hasta la fecha, lo cual representa, sin duda, el primer y más importante aprendizaje.
Los tres objetivos son la lucha contra el narcotráfico, pobreza cero y unir a los argentinos.
En Argentina, buena parte de las decisiones de Gobierno se tejen informalmente y por fuera de los órganos oficiales.
Al estilo Duhalde-Terragno.
Este tipo de acuerdos puede servir también para fortalecer a los partidos políticos como órganos de representación de intereses.