Estado argentino: ñoquis con salsa de corrupción
Sin la menor de las dudas una de las noticias más relevantes de este mes fue el despido o desvinculación de miles de empleados gubernamentales que no gozaban de las garantías de la planta permanente en el Estado argentino. Si bien los números no son claros, ya sea el resultado de una contabilidad floja de papeles o una campaña mediática malintencionada, todos coinciden en que estamos hablando de más de 7.000 casos. Sin embargo, más allá de las estadísticas, la discusión que el gobierno lleva contra gremios, trabajadores y militantes puede resumirse en una simple pregunta: “¿Ser o no ser….ñoqui?”
Un poco de historia contemporánea
Durante largos años del siglo XX y pocos del siglo XXI la administración pública ha sabido mantener empleados asimilables a fantasmas, que no habiendo cumplido funciones o labores se acercan a fin de mes para cobrar un salario. A este curioso fenómeno la jerga popular lo bautizó como “ñoqui”, en honor al día celebrado el 29 de cada mes. Esta práctica fue utilizada con varios objetivos, los más relevantes son, por supuesto, actos de corrupción y una tasa de desempleo alejada de la realidad.
Sin embargo, la modernización de los sistemas de pago electrónicos y la evolución cultural popular dieron nuevas formas de vida a esta terminología. En primer lugar, estos personajes folclóricos dejaron de aparecer en las oficinas estatales a fin de mes, no debido a su extinción, sino más bien porque la transferencia bancaria hacía innecesaria su presencia al momento del cobro. Por otro lado, la misma palabra comenzó a representar no sólo a quien no daba señales de vida en horario laboral, sino también a quien, si bien estaba físicamente presente, no cumplía tareas específicas y sólo se acercaba al lugar de trabajo con fines políticos o como una mera formalidad.
Si bien los tres poderes del Estado argentino renguean de la misma pata, porque todos los altos cargos estatales tienen su propia pasta, la situación no le fue indiferente a la legislación argentina. En este contexto, se decidió crear la cláusula que ofrece estabilidad al empleado público (artículo 14 bis), exteriorizando una clara voluntad del legislador constituyente para que el empleado público no fuera un rehén de los cambios de gobierno. Desgraciadamente, la práctica traicionó a la expectativa, ya que la llamada estabilidad absoluta fue utilizada de manera abusiva, creando gobierno tras gobierno una suerte de placas tectónicas de empleados ausentes o negligentes, quienes contaban con la aprobación de un grupo de superiores jerárquicos aún más negligentes y peor intencionados. En otras palabras, la imposibilidad de renovar el plantel de empleados por uno más capacitado con su misma función, y acorde con nuestro artículo 16 de la Constitución Nacional, produjo una ineficiencia estatal evidente.
Así fue, con la excusa del Estado argentino poco eficaz y derrochador, que se buscaron soluciones en la flexibilización laboral del empleo público durante los finales de la década del noventa. En 1999 el Poder Legislativo sancionó la ley marco del empleo público nacional (Ley 25.164) con un objetivo tan claro como inconstitucional, que es la disminución de la estabilidad del empleado público mediante la creación de una planta “no permanente” o “transitoria” la cual no goza de los beneficios del Artículo 14 bis. El asunto es que, a pesar de sus objetivos parcialmente loables, parcialmente repudiables, el Capítulo III de dicha ley contiene una serie de principios y garantías muy acertados en lo que respecta a la protección de los empleados estatales, prohibiendo el uso de esta figura para tareas propias del régimen de carrera, siendo en teoría una solución viable para el problema anterior. Sin embargo la realidad cotidiana otra vez demostró que con promover leyes no alcanza, más si la práctica de las mismas no está bien intencionada. Ya sea mediante reglamentos internos mal confeccionados, insuficientes o incompletos, o mediante meros actos dispositivos, quienes estaban a cargo de la administración pública no tardaron en encontrar esta nueva figura muy atractiva a la hora de meter familiares, militantes, amigos, amantes y meros conocidos dentro de los cargos y empleos públicos.
La locación de servicios, tercerizaciones de empresas públicas o privadas (y a veces, hasta universidades), pasantías e interinatos fueron algunas de las figuras que sirvieron para llevar a cabo un verdadero fraude laboral. Muchos empleados que cumplían funciones esenciales de los organismos para los que trabajaban estaban ahora dentro de un régimen completamente inestable, pasando años sin gozar de sus derechos constitucionales, y a veces, meses sin cobrar. La dádiva al superior para mantener el puesto de trabajo se volvió algo frecuente, no solo en la AFSCA, así como las diferencias entre el presupuesto y el dinero devengado en sueldos solía no coincidir. Con esto los ñoquis comenzaron a florecer en ambas plantas. De 1999 a 2015 el Estado argentino contrató más personal que las necesarias para cumplir sus tareas, sin una debida o racional distribución de funciones, generando un verdadero caos. Y como toda práctica abusiva sin un debido control los años la volvieron más y más grotesca.
Una dura tarea para el Estado argentino
Es así que llegamos a nuestros días, con una presión tributaria incoherente a la luz de las contraprestaciones que nos brinda el Estado argentino, un déficit financiero enorme y la pronta necesidad de achicar el gasto público.
Comprendo la urgencia del presidente por deshacerse del personal inútil de la administración pública, y hasta creo que es acertado dedicar tiempo y esfuerzo a revisar los contratos de la administración kirchnerista, pero lamento advertirle que la tarea que intenta emprender es aún más difícil de lo que parece, por lo que no me gustaría estar en sus zapatos.
En primer lugar, porque el mecanismo que utilizó el régimen saliente para contratar personal negligente y ausente fue el mismo que se usó para contratar al personal diligente y presente. Solo basta con visitar alguna oficina de tránsito de CABA para ver el excelente trabajo que realiza el personal en los CGP. Sin embargo, a estas personas se les adeuda el sueldo, ya que quien abonaba su salario no era el Ministerio del Interior y Transporte, sino más bien, la Universidad de San Martín, mediante obscenos contratos de locación de servicios, sin especificación de tareas, montos u horarios. Esos mismos documentos se usaron para desviar fondos públicos a una militancia que jamás brindó servicios a los contribuyentes. La tarea de discernir entre justos y pecadores será ardua.
Segundo porque en los últimos años no se ha creado los suficientes puestos de trabajo en el sector privado como para absorber a las personas salientes del sector público. Me alegra que CAMBIEMOS tenga el objetivo de la pobreza cero, y que comprenda la importancia del sector privado como motor del progreso, pero es posible que la pesada herencia les haya dejado una bomba con un cronómetro demasiado ajustado.
Y en tercer lugar, porque los principales responsables de este atentado contra la buena fe gozan de estabilidad absoluta. Me refiero a los funcionarios de carrera, aquellos que contrataron a diestra y siniestra personal sin motivo aparente, sorteando los obstáculos reglamentarios, tales como los concursos de ingreso, y llenaron sus bolsillos de un dinero que no les corresponde. Estos personajes han obrado de manera ilícita, y son más poderosos de lo que parecen, no tanto por su posición jerárquica, sino por su anonimato.
Un problema aparte será hacerle entender a nuestra sociedad que el Estado argentino no es una agencia de trabajo o un ente de caridad. Mucho se ha hablado de los derechos del empleado estatal, pero hay que recordarle al gobierno que el Estado argentino existe para satisfacer las demandas y necesidades de sus ciudadanos, que somos en definitiva quienes ponemos el dinero en las arcas públicas. Lamento decirlo de manera cruda, pero el Estado argentino debe limitarse a contratar el personal que sea necesario para satisfacer su debido funcionamiento, y no al revés, contratando gente indiscriminadamente para luego decidir qué actividad puede hacer con el personal ocioso.
En lo personal creo que estas últimas medidas tan solo apuntan a deshacerse de algunos de los síntomas, más no de la enfermedad, lo cual ya de por sí es un avance. Tenemos un problema de base que es nuestra poco clara legislación en materia laboral pública, permeable a la malicia de unos pocos, la cual se suma a la cuestionable transparencia que tienen los organismos públicos a la hora de contratar nuevo personal. La voluntad política no será suficiente para suplir los errores de nuestro pasado, siendo que necesitaremos de la inteligencia de profesionales verdaderamente capacitados en áreas tales como los recursos humanos y la administración económica. A casi tres meses de la asunción de un nuevo titular del poder ejecutivo, no me resta más que desearle suerte al nuevo gobierno, y la sabiduría suficiente para hacer lo que es correcto, y pedirle que tenga el suficiente tacto de discernir entre quien trabaja y quien no lo hace, así como tener el buen juicio de decidir cuales son funciones propias del Estado argentino, y cuáles no lo son.
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