Facturas truchas: envían a juicio oral a Amado Boudou

El juez federal Ariel Lijo envío a juicio oral y público al detenido ex vicepresidente Amado Boudou en la causa en la que está procesado por facturas truchas de viáticos en viajes a Europa cuando fue ministro de Economía.

El magistrado consideró finalizada la etapa de instrucción y decidió elevar la causa a juicio. Boudou está acusado de “peculado por la rendición de gastos de representación con facturas apócrifas”.

El expediente sobre facturas truchas se inició a partir de una denuncia formulada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, en 2013. El exvicepresidente está acusado de presentar facturas falsas para rendir gastos de alojamiento y servicios entre 2010 y 2011 por más de 17.000 euros.

Además, la Justicia determinó que ese dinero “se incorporó al patrimonio del ex funcionario”.

Además, por la misma causa están involucrados Guido Forcieri, jefe de Gabinete de Economía durante la gestión de Boudou y su ex secretario privado Héctor Eduardo “Cachi” Romano. Se los acusa por “haber defraudado a la administración pública, mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos”.

Según el juez y el fiscal de la causa Jorge Di Lello, ellos “habrían falsificado cuatro facturas del hotel “Bel- Ami” de París “con el fin de obtener un beneficio económico directo mediante la defraudación efectuada en perjuicio de la administración pública”.

Cabe recordar que el ex vicepresidente de Cristina Kirchner está siendo juzgado actualmente en otros dos casos: uno por la compra de vehículos de alta gama con supuesto sobreprecio para el ministerio de Economía. La otra causa en la que se lo juzga es la falsificación de documentos de un vehículo de su propiedad.

La última información incorporada a la causa por la traductora Ana Ruth Juárez le valió una ampliación del procesamiento: ella había señalado que el monto de la factura presentada en Economía por 3.050 euros no era verdadero. “Los servicios de traductorado se cobran entre 600 a 1.000 euros” como máximo, indicó. Si bien reconoció haber realizado parte de la tarea que se le atribuye en febrero de 2011 en el marco del G-20, señaló que ella “nunca” cobró dicho monto