Funcionarios: se reforzará control y exigencias en declaraciones juradas

En un nuevo gesto por mostrar transparencia en el Estado y eludir las críticas de la oposición, el Gobierno emitirá un decreto que apunta a profundizar los controles de las declaraciones juradas de los funcionarios y aplicará sanciones más severas a los incumplidores.

La norma que elaboró la Oficina Anticorrupción presidida por Laura Alonso tiene tres ejes centrales: los funcionarios del Estado deberán hacer públicos sus antecedentes laborales para evitar incompatibilidades o conflictos de interés, deberán presentar y publicar el patrimonio de sus cónyuges e hijos y, por último, aquellos que no hayan presentado la baja de sus declaraciones una vez que finalicen sus funciones no podrán volver a ocupar un cargo en el Estado.

Además, el organismo encargado de controlar los casos de corrupción en el Estado adelantó que pondrá mayor firmeza en la retención del 20% del salario para aquellos funcionarios que no hayan cumplido en tiempo y forma con la declaraciones patrimonial.

Según un informe de la OA, el universo de funcionarios incumplidores decreció en el último año. Así se pasó del 88,13% de incumplidores que había en junio de 2016 al 9,19% en junio de 2017. De esta manera, de los 50.000 funcionarios públicos obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes el 90,81% se encuentra en regla. Hay unos 2.812 funcionarios incumplidores y se le retuvo el 20% de los haberes a 266 funcionarios por reiterados incumplimientos.

«Es fundamental que cada organismo -a través de sus autoridades y sus áreas de Recursos Humanos- cumplan un rol proactivo avisando a los obligados y garantizando su cumplimiento. A los incumplidores, los organismos en los que se desempeñan deben intimarlos para que en el término de 15 días realicen la presentación. Si el incumplimiento persiste pueden retenerles el 20% del salario», reveló un documento de la OA.

Detalle de los alcances del decreto que contempla cambios fundamentales para la transparencia de los funcionarios

Antecedentes laborales: a partir del decreto presidencial se obligará a los funcionarios a hacer públicos sus antecedentes laborales ya que por la reforma de la ley de Etica Publica del 2013 esta parte de las declaraciones juradas era secreta. Así, el gobierno busca evitar incompatibilidades y eventuales conflictos de interés como los que denunció la oposición ante algunos casos de licitación emprendido por funcionarios.

Patrimonio familiar: las declaraciones juradas de cónyuges e hijos de un funcionario también estaban vedadas al público por la última reforma a la ley de Etica Pública y ahora deberán ser abiertas. De esta manera, se busca que en casos de eventuales actos de corrupción o enriquecimiento ilícito los denunciantes puedan hacer un rastreo de la ruta del dinero por medio del grupo familiar. Sin decirlo abiertamente el gobierno puso como leading case el ejemplo de Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo investigados actualmente por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Bajas de declaraciones: hasta ahora el Estado era muy flexible al momento de exigir la declaración jurada de baja cuando un funcionario dejaba su cargo. En adelante el decreto que saldrá en lo inmediato planteará expresamente que aquel funcionario que no presente la última declaración jurada antes de dejar su puesto no podrá volver a ocupar un cargo en el Estado.