Impuesto al cine argentino. Nadie escucha al espectador

Durante los últimos años los argentinos hemos sido testigos de los estragos que pueden producir en nuestra sociedad la alta presión tributaria, el déficit fiscal, el gasto público desmedido y la corrupción.

Desgraciadamente el cine nacional adolece de los mismos síntomas que el estado que le da de comer, lo que se ve reflejado en la polémica que tiñe en estos días al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Podemos resumir su historia en cuatro capítulos, comenzando con la corrupción en la asignación de fondos y las denuncias contra celebridades de conocida trayectoria, como es el caso de Andrea del Boca. Podríamos seguir con el asesoramiento de la fundación FIEL y su propuesta de bajar la presión tributaria recortando impuestos como el IVA y sus derivados. El tercer capítulo sería la renuncia de Alejandro Cacetta, director del instituto acusado de no haber sido eficiente en la lucha contra la corrupción, dejando el gran final a la reciente polémica respecto al destino de los fondos recaudados mediante tasas e impuestos a quienes se benefician del Espectro Radioeléctrico, que son básicamente las radios y los canales de televisión.

El conflicto se hizo un poco más visible a raíz de un video donde aparecen actores históricamente ligados al kirchnerismo, algunos famosos y otros no tanto, en donde llaman a defender al cine argentino y se introduce la falacia de que el INCAA es autosustentable. Es aquí donde me quiero detener para razonar con vosotros.

¿De donde viene el dinero del cine?

En esta semana hemos escuchado hasta el hartazgo a miembros de la comunidad de actores decir que el INCAA se financia a sí mismo, y que la industria del cine es la que alimenta a esta entidad autárquica. Sin embargo cuando uno se pregunta de dónde viene el dinero la respuesta técnica es que el capital proviene de la recaudación de los impuestos. Y como era de esperarse, mis queridos lectores, los impuestos recaudados salen directa o indirectamente de los bolsillos del contribuyente.

Por un lado, cada vez que pagamos una entrada de cine esta incrementa su valor en un 21% por culpa del IVA. A su vez, 10 % del valor de la entrada (la mitad del IVA retenido) irá a parar directamente al fondo de fomento del INCAA. Esto tiene obviamente dos consecuencias negativas. La primera es que el espectador se empobrece al menos un 10% más después del tributo, teniendo a su disposición menos dinero para disfrutar de un segundo espectáculo o de bienes no relacionados. La segunda, es que el estado disminuyó su recaudación fiscal en favor de una entidad de fomento que goza de autarquía, lo que significa que tendrá menos dinero disponible para gastar en necesidades que son prioritarias para los ciudadanos, tales como seguridad, educación, infraestructura y salud.

Sin embargo esto representa solo el 60% de los ingresos del ente. El resto proviene de la imposición sobre el Espectro Radioeléctrico, siendo este un recurso natural, limitado y bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. ¿Que signfica esto? En palabras sencillas, todos los impuestos que se le cobre a la radio y la televisión por el uso del espacio y sus frecuencias será reservado para fomentar las actividades del INCAA, junto a otras entidades artísticas, y no para las necesidades básicas de los ciudadanos argentinos. Esto no solo significa una segunda pérdida de dinero para el estado, soberano del bien, sino también un aumento de impuestos para la población argentina a fin de compensar la pérdida.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que sólo el 14% de las 48.5 millones de las entradas vendidas el año pasado corresponde a películas locales, me es urgente preguntar ¿Cuál es la necesidad real de subsidiar al INCAA cuando es el propio público argentino el que prefiere las películas extranjeras? ¿No hay necesidades insatisfechas más urgentes? Y aún más importante ¿No son capaces de asumir sus propios riesgos los miembros de la industria del cine nacional, tal como hacen el resto de las industrias? ¿Acaso no tienen directores, productores y actores bienes para ofrecer en garantía? ¿En qué momento dimos a entender que queremos ser socios de la producción de películas que no estamos dispuestos a ver en la cartelera? Y si en algún momento afirmamos que queríamos asociarnos con estos artistas ¿Donde están nuestros dividendos por las ganancias obtenidas?

En esta lógica de castigar al exitoso y a su espectador con impuestos altos, para favorecer al mediocre mediante préstamos baratos de bajo riesgo y subsidios, nos hemos olvidado por completo del ciudadano medio.

Lo cierto es que en esta discusión no se nos dió ni voz ni voto a los espectadores de cine argentino, que somos en definitiva quienes aportamos gran parte de los fondos discutidos. Pareciera que la sociedad de actores nos considerara un niño que estorba mientras sus padres discuten temas de adultos.

Sin embargo en la Argentina moderna hasta el más infantil de los menores de edad merece emitir una opinión, y desde mi punto de vista el problema de fondo es que el cineasta argentino no logra comprender que no puede obligar al público a consumir un producto que no es de su agrado. No somos los espectadores los que tenemos que ajustarnos al mensaje que el artista quiera darnos, por el contrario, quien se dedica al espectáculo debe amoldarse al gusto de su consumidor. La sociedad no le debe nada a sus artistas, y si no comprenden el libre juego que existe entre la oferta y la demanda van a merecer perder por un margen aún mayor contra la industria del cine extranjero.

Lo siento mucho por ellos.