Juan Martín Mena criticó la decisión de la CSJN por las clases

Apenas conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ayer, que avaló la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para mantener las clases presenciales a pesar del DNU que firmó Alberto Fernández con restricciones por la pandemia del coronavirus, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue la primera voz oficial del Gobierno, junto a Juan Martín Mena, que manifestó su rechazo. Habló de “golpe” a las instituciones. Después la siguió el Presidente (habló de “decrepitud”), los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Martín Soria (Justicia), entre otros funcionarios.

Hoy, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, fue más allá y apuntó contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (los cuatro que firmaron la resolución, Elena Highton de Nolasco se abstuvo). “Formen un partido y ganen las elecciones. Así se gobierna, pero no desde un despacho judicial, y menos cuando están en riesgo la vida y la salud de los argentinos”, señaló.

“Estos muchachos están muy cebados; alguien, que tiene nombre y apellido, el gobierno de Mauricio Macri, en los últimos años los invitó a jugar un juego de poder del cual parece que todavía no pudieron volver a la normalidad de sus funciones”, cuestionó Juan Martín Mena.

Para Mena, el fallo de la Corte “una vez invade esferas de otros poderes del Estado, como lo han hecho en los últimos años”, y consideró que es “bastante inexplicable, y confuso, en cuestión que es de política partidaria”. “La Corte pareciera que se ve obligada a definir cuestiones políticas por vía de sentencias judiciales, y eso me parece alarmante”, agregó.

Ayer, luego de las primeras críticas sincronizadas entre varios miembros del gabinete nacional, desde la Casa Rosada se difundió un comunicado oficial con 20 puntos en el que se cuestionó el contenido de la decisión de los jueces del máximo tribunal y se advirtió que el nuevo DNU con la suspensión de las clases presenciales “sigue vigente”.

Según el Gobierno, la Corte “se mete con un objetivo netamente político a embarrar la cancha, pero con vidas en juego”. “Vamos a seguir ejerciendo todas las potestades para administrar el país, no nos vamos a detener porque la cabeza del Poder Judicial esté queriendo meterse en una disputa política”, insistió Mena.

Ayer, durante un acto junto a Trotta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Alberto Fernández aseguró que seguirá cuidando “la salud de los argentinos y de las argentinas por más que escriban muchas hojas de sentencias”. “Yo soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertida en sentencia; es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso”, agregó.

“Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie, lo hacemos para preservar la salud de la gente; contra eso, dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos”, completó el Presidente.

En tanto, en el comunicado oficial firmado por el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, se lamentó el “inusitado rigor formal” del máximo tribunal -”como si no estuviese en riesgo la salud pública”- y se rechazó haber decretado las nuevas restricciones en base a “consideraciones meramente conjeturales”.

“Omitir la adopción de medidas oportunas, similares a las que se adoptaron en otros lugares del mundo que registraban un crecimiento de casos mucho menor que el que exhibía el AMBA, hubiese significado aceptar un riesgo de consecuencias irreversibles para la salud pública y para la vida de las personas”, se afirmó en el texto.

Además, se cuestionó al gobierno porteño por no haber adoptado medidas para disminuir la cantidad de contagios, lo cual generó “una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar, en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud”.

Después de la crítica de Juan Martín Mena, se conocieron detalles de la «Ley de Superpoderes»

El gobierno nacional se tomará unos días para terminar de definir el texto del proyecto de ley que anunció días atrás Alberto Fernández cuando comunicó las nuevas restricciones que regirán hasta el próximo 21 de mayo.

Esa es la fecha establecida como límite por parte del Ejecutivo para presentar en la Cámara de Diputados lo que Fernández dijo que será “un proyecto para que, en función de criterios científicos claros y precisos, se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”.

Los encargados de redactar la norma son el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Esta última fue la que, hace un año atrás, ya le había planteado al Presidente la estrategia de enviar un proyecto de ley que otorgara facultades a los Ejecutivos de la Nación y de las provincias. Sin embargo, en ese momento los jefes de los estados provinciales se negaron a compartir el costo político de la decisión de ir a un encierro.

Pero los acontecimientos locales e internacionales le volvieron a dar lugar a la idea de Ibarra. En uno de los informes que recibió Fernández respecto de las medidas que se toman en el resto de los países apareció el caso Alemania y la iniciativa que fue recientemente aprobada en donde la canciller Angela Merkel quita competencias a los Bundesländer -las provincias- para centralizar la gestión de la pandemia y poder tomar decisiones para combatir la pandemia de manera centralizada.

La idea ahora le gustó a Fernández y fueron Cafiero e Ibarra quienes insistieron para que esté en el discurso del viernes pasado.

La intención es que entre en la Cámara de Diputados antes del 21 de mayo, lo que le da tiempo al jefe de Estado de poder conversar con la autora original de la idea, Angela Merkel, con quien se reunirá en una semana con motivo de su gira por Europa -luego visitará Italia, Francia y España.

La ley que aprobó la Cámara alta del Parlamento de Alemania (Bundesrat) hace una semana, y que es denominada por los medios germanos como “freno de emergencia”, otorga al gobierno de la canciller Merkel más poderes para combatir una tercera ola del coronavirus.

La nueva ley alemana permite imponer toques de queda entre las 22 y 5:00, así como límites en reuniones privadas, actividades deportivas y aperturas de tiendas. Asimismo, las escuelas cerrarán y volverán a las lecciones en línea si la incidencia del virus supera los 165 casos por cada 100.000 habitantes.

En el caso del gobierno argentino, lo que busca es que las decisiones sean uniformes. Pero Alberto Fernández dijo que con este pedido al Congreso estará “ratificando” su “vocación de diálogo” y, tras remarcar que su “único enemigo es el virus”, sostuvo que no tiene “otros enemigos ni rencores con nadie”.

En Juntos por el Cambio las opiniones están divididas. Hay un grupo que espera, con desconfianza, a ver el texto de la norma y hay otro que ya anunció su oposición a esto que denominan como un pedido de superpoderes.

El titular del interbloque de Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, se refirió al mensaje presidencial: “Alberto Fernández ha tenido, desde que comenzó la pandemia hace más de un año, todos los instrumentos legales a su disposición. El Congreso le brindó todas las leyes solicitadas y, además, el Ejecutivo dictó 83 decretos de necesidad y urgencia (DNU) y 35 decretos de facultades legislativas delegadas vinculados a la crisis sanitaria, económica y social que desató el coronavirus”.

“Debatiremos el proyecto que enviará el Presidente. Pero bajo ningún punto de vista vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, advirtió el diputado radical.