Jubilados ingresaron en la Casa de Gobierno de Santa Cruz

Los jubilados que reclaman el pago de sus haberes de mayo irrumpieron en la Casa de Gobierno de Santa Cruz y advirtieron que se quedarán en el lugar hasta que consigan cobrar. La policía observa la situación en el interior de la sede gubernativa con preocupación pero sin armas.

Elsa Ilnao, la vocera de Jubilados Unidos, recordó que llevan 75 días de acampe en la capital de Santa Cruz sin respuestas y que por eso decidieron ingresar a la Casa de Gobierno.

«Estamos todos en la misma. Nos une un único objetivo: que nos paguen el sueldo y tener una buena obra social», explicó.

Y agregó: «No puede ser que vayamos a una farmacia y nos discriminen porque somos afiliados de la Caja de Servicios Sociales y tengamos que estar sacando un número aparte por las deudas que mantiene el Estado con los prestadores médicos y de farmacias (…) Nos están matando en vida. Nosotros tenemos vida todavía y lo que nos queda vamos a seguir luchando».

Pedro Cormack, titular del gremio docente -quien también montó una carpa allí-, consideró que «esto es una respuesta a la violencia del gobierno» y recordó que, el viernes pasado, cuando se suspendió la paritaria de su sector sin previo aviso, «para nosotros hubo una clara demostración de lo poco que le interesa el diálogo». «La situación es grave y es muy difícil pedir mesura cuando se llega al límite», concluyó.

Otro de los líderes de los jubilados insistió en que quieren «la fecha del aguinaldo y el cronograma de pagos», al tiempo que pretenden que la gobernadora Alicia Kirchner cumpla con el fallo del juez Antonio Andrade para que se abone del 1 al 7 de cada mes, luego de los amparos presentados para que cobrar en tiempo y forma.

Según dijeron distintas fuentes, los policías que están en el interior del edificio están desarmados «a pedido de la jefatura». Además, desde la institución aclararon que los agentes no están dispuestos a reprimir a quienes podrían ser sus padres.

La Caja de Previsión Social, ubicada en la Avenida San Martín de Río Gallegos, sigue ocupada y los empleados dejaron de trabajar porque decidieron el «quite de colaboración» por la falta de pago de todos los sueldos.

Por su parte, el gobierno hizo frente a los salarios de hasta 23.000 pesos y anunció que, a medida que vaya ingresando plata a la provincia, podrá ir pagando lo que le debe a los trabajadores.