Justicia llama a Nación, CABA y partes por Habeas Corpus
Esta semana, en rechazo de las nuevas restricciones que el Gobierno Nacional dispuso injustificadamente a través de un decreto de necesidad y urgencia, la Fundación Apolo presentó y puso a disposición de todos los argentinos un habeas corpus para garantizar la libertad constitucional ambulatoria y de tránsito en todo el territorio nacional. A través de la presentación del Habeas Corpus, lo que se pretende es cuestionar los términos del DNU que dictó el Poder Ejecutivo, que restringe y vulnera libertades y derechos individuales garantizados en nuestra Ley Suprema y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional.
Como los cuestionamientos planteados contra las decisiones —arbitrarias e inconstitucionales— del presidente Alberto Fernández responden a intereses colectivos de toda la sociedad argentina, la Cámara de Apelaciones, luego de su rechazo en primera instancia, ha decidido reunir los habeas corpus individuales presentados, que pasaron a conformar, entonces, uno de carácter colectivo. A partir de esta resolución por parte de la Cámara, ahora, la Fundación Apolo representará, una vez más, los intereses de todos los argentinos y se presentará a la audiencia prevista, en la cual se analizará la razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional.
Las restricciones que surgen del DNU involucran derechos fundamentales que garantizan la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados internacionales. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo intérprete constitucional, ha señalado que, aun ante el escenario de emergencia sanitaria, las medidas que se adopten y afecten derechos fundamentales deben ser estrictamente necesarias, razonables, legales y ajustadas a los objetivos definidos conforme a los criterios científicos. Y, está a la vista, las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo dan la espalda a aquello sobre lo que se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo, puesto que no son razonables, son ilícitas e innecesaria,
y, principalmente, no se ajustan a la evidencia científica, que demuestra, todos los días, que encerrar a los argentinos de manera indefinida no es el camino para detener la pandemia y que, por el contrario, profundiza otras pandemias que debemos erradicar urgente: la de las aulas cerradas y la consiguiente crisis educativa, la de los comercios cerrados y los peligros que esto conlleva en la economía, la del temor social, la de la violación de los derechos y libertades individuales.
Por lo expuesto, la Fundación Apolo, representada por su Presidente, Antonio Fratamico, se compromete a seguir representando los intereses colectivos de todos los argentinos y a seguir luchando para que se respeten sus derechos