La Agencia Federal Electoral, una garantía de imparcialidad
La siguiente es una propuesta de creación de la Agencia Federal Electoral con el fin de brindar mayor transparencia y control en los procesos electorales nacionales y la introducción del sistema de boleta única para las elecciones nacionales.
Con una reforma electoral como la de 2007, que ha incluido las primarias abiertas simultáneas y obligatorias pero que mantiene la vigencia del sistema de boletas partidarias y la organización de las elecciones bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional, resulta imperativo impulsar las modificaciones que permitan garantizar la transparencia electoral plena, condición fundamental para sostener la legitimidad del sistema electoral nacional.
La primera es una institución que demanda una transformación total del sistema electoral nacional y la segunda es la instauración de un mecanismo de transparencia que elimina una gran variedad de irregularidades que se repiten, comicio a comicio, con el sistema de boletas tradicionales.
La creación de un ente descentralizado y autárquico con capacidad de organizar y llevar a cabo las elecciones nacionales, así como también ser el organismo encargado del seguimiento de cada partido político y sus obligaciones dictadas por la ley electoral y sus recientes modificaciones, es la primera propuesta, denominada por varias voces del mundo político local y regional como Autoridad Federal Electoral (AFE).
En segundo lugar, implementar el sistema de boleta única a nivel nacional bajo la modalidad introducida por el legislador por la Coalición Cívica, Pablo Javkin, en el distrito de Santa Fe. Su principal característica es que cada cargo se vota por separado en una boleta única que permite una oferta amplia, clara para el elector y que facilita la libre elección sin el efecto arrastre que existe en la boleta clásica partidaria.
Agencia Federal Electoral: transparencia electoral y cuidado de las instituciones partidarias
Es importante, en primer lugar, ponderar la viabilidad y reforzar la recomendación en la instrumentación de un ente descentralizado con capacidades jurídicas para llevar adelante todas las tareas relativas a los comicios nacionales que se realizan en la República Argentina. Las facultades de dicha agencia se extienden al control permanente de los partidos políticos, su evolución y desarrollo a fin de generar un marco de igualdad entre las fuerzas que compiten por cargos electivos y con el objeto de fortalecer el sistema de partidos políticos a través de mecanismos de transparencia electoral.
Entre las tareas específicas asignadas al ente estarán las de capacitación permanente para autoridades electorales, llevar adelante el registro de las mismos, la actualización del padrón electoral y todas aquellas acciones destinadas a cumplir con las exigencias que la reforma electoral ha implementado y que requieren de una estructura coherente con dicho desafío con el objeto de producir elecciones transparentes donde las irregularidades sean llevadas a su mínima expresión, cuando no eliminadas.
Asimismo, la AFE tendría la facultad también de instrumentar los reglamentos y manuales de uso para capacitación, la modificación de protocolos, así como también la capacidad de administrar los recursos que serán asignados a cada partido político en materia de financiamiento electoral y de publicidad en medios de comunicación.
Del Ministerio del Interior a la AFE
Las competencias sobre el proceso electoral y el funcionamiento de los partidos políticos que hoy se encuentran bajo la órbita del Ministerio del Interior (vía la Dirección Nacional Electoral) exponen un inequívoco desbalance de poder y capacidad de discrecionalidad administrativa de recursos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional respecto de los demás partidos políticos que intervienen y pugnan por cargos en cada elección. El principio de igualdad se ha visto muchas veces avasallado por el oficialismo, quien administra fondos, funciones y controles de un proceso electoral que es fundante de nuestro sistema democrático.
Por todo esto, resulta fundamental la creación de un ente de control para todos los procesos electorales, con el seguimiento del financiamiento de los partidos políticos y su ajuste a derecho, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía que posibilite transparentar dichos procesos con el objetivo de terminar con las prácticas fraudulentas que trastocan la verdadera voluntad popular y, asimismo, limitan la participación plural partidaria al condenar a los partidos minoritarios a su extinción, producto de no poder defender sus votos ante, por ejemplo, la sustracción masiva de boletas.
En este escenario dificultoso para la democracia representativa, la Agencia Federal Electoral se erige como una institución permanente, con independencia absoluta del Poder Ejecutivo nacional, dotado de la capacidad de decisión, así como la de instrumentación de reglamentos que le den dinamismo y eficiencia al sistema electoral nacional. Asimismo, el carácter apartidario garantiza una igualdad de tratamiento para cada partido político que se encuentre ajustado a derecho en el marco de las reformas a la ley electoral y sus disposiciones que requieren un seguimiento continuo y exhaustivo.
La AFE y su rol de creación de ciudadanía activa y participativa en los procesos electorales
Es de vital importancia que la Agencia Federal Electoral se ponga como objetivo la educación y conformación de una ciudadanía activa y participativa en todas las fases del proceso electoral, ya que implica una contribución directa al fortalecimiento de la democracia de característica participativa.
Otro objetivo fundamental es el de la recuperación de los partidos políticos hacia la comunidad como instituciones base que deben defender la democracia y sus valores de igualdad, justicia y libertad. También, la promoción e institucionalización de los partidos políticos como entes que proveen un servicio público, que hacen al bien e interés público, garantizando el respeto de las minorías y propiciando la transparencia, con particular énfasis en sus modalidades de financiamiento.
De las funciones y roles de la AFE
La Agencia Federal Electoral deberá tener como función principal todas las instancias relativas a los procesos electorales como ser: la preparación, la organización y la conducción de dichos procesos, ya sea en elecciones internas partidarias como en elecciones generales, quedando resguardadas las funciones que le competen a la Justicia Nacional Electoral. La creación de la Agencia Federal Electoral permitirá escindir todas aquellas cuestiones de política electoral de la órbita propia del Poder Ejecutivo nacional, trasladándolo al Poder Judicial, dentro del cual se migrarán facultades y capacidades con el objeto de constituirse como un auxiliar fundamental para la Justicia Nacional Electoral. Es por ello que la instauración de la Agencia Federal Electoral demandará una importante modificación de todo el fuero electoral con el principal objetivo de permitir mecanismos ágiles, eficientes y transparentes en todos los procedimientos y cuestiones electorales.
Resultará vital, pues, fortalecer a la Cámara Nacional Electoral, dotándola de total autonomía institucional y autarquía financiera para permitir su completa ejecución en materia administrativa. Dentro de los cambios posibles para permitir la existencia de la AFE, será inminente la creación y reorganización de la totalidad de las secretarías electorales necesarias; las mismas estarán dotadas de capacidad de ejecución, especificidad en la materia y los medios para cumplir con sus funciones. Dichos cambios resultan indispensables para alcanzar el mismo fin que se busca con la AFE.
En relación a los partidos políticos, la AFE se encontraría facultada para propiciar el reconocimiento de los partidos políticos y su correspondiente monitoreo permanente de su funcionamiento, ya sea, en relación a sus propios tribunales de disciplina, como así también en relación a sus comités de campaña. Además, la Agencia Federal Electoral deberá controlar, auditar y dar la debida publicidad a todo lo concerniente al financiamiento público y privado de cada uno de los partidos políticos que estén en condiciones de funcionar como tales en los diferentes distritos del país. Su función de administración del Fondo Partidario Permanente y del Aporte Extraordinario para Campañas, decidirá cómo serán canalizados dichos fondos en relación a criterios ya prefijados de federalismo, representatividad y equidad.
Boleta Única: De Santa Fe a la Nación
Persistir en la utilización de boletas por cada agrupación, a pesar de la introducción de colores a partir de la reforma a la ley electoral, implica continuar lidiando con irregularidades que se ponen de manifiesto en perjuicio de la voluntad popular y que terminan beneficiando a aquellos partidos con grandes estructuras de fiscalización, quienes pueden, no sólo evitar que se perpetren atentados contra sus propias boletas, sino poder practicarlos con total impunidad, trastocando de manera escalar los datos y alcances reales de los comicios. Asimismo, dichas irregularidades se encontrarían extendidas en todos los distritos por lo que afectarían de manera inequívoca a las jurisdicciones de nivel municipal donde pocos votos pueden cambiar el signo de una intendencia.
La simplificación del sistema de boletas hacia uno económico y simplificado como el de la Boleta Única permite, no sólo erradicar las prácticas fraudulentas en torno a la manipulación de boletas, sino reducir el gasto de una elección en un porcentaje muy significativo.
Ya hemos transitado elecciones con dos ejemplos distintos pero exitosos de boletas única en los distritos provinciales de Santa Fe y Córdoba. La diferencia radical entre uno y otro es que el primero implica una boleta y una urna para cada cargo elegible, mientras que el segundo significó una papeleta única para todos los cargos.
Además, la falta de información acerca de la nueva modalidad de votación para los cordobeses en la elección de 2013 implicó una importante cantidad de votos en blanco para los cargos legislativos, puesto que muchos electores dejaron celdas sin tildar.
En cambio, Santa Fe trabajó durante meses en la difusión de su nueva modalidad electoral, alcanzando niveles muy altos de satisfacción en su electorado. Más allá de los cuestionamientos a la última elección a gobernador donde se planteó la necesidad de revisar el sistema, la exigua diferencia implicó fallas en la comunicación inicial desde el portal online de datos, y luego, desconfianza en el resultado por parte de una de las facciones en pugna, pero producto de la enorme miríada de irregularidades que pueden darse cuando el mecanismo de fiscalización es insuficiente.
De generarse las condiciones adecuadas, el sistema de Boleta Única podría ser de aplicación inmediata a nivel nacional, es decir, la adopción de un sistema que, desde la total transparencia, garantice objetivamente las condiciones de hecho para que todos los candidatos puedan ser elegidos sin depender de la existencia o no de sus boletas autorizadas.
Para el caso de la Boleta Única Electrónica (BUE), con muy buenos resultados en la Ciudad de Buenos Aires y aceptables en la provincia de Salta, escalar a la Nación con un sistema similar implica grandes retos. Fundamentalmente los referidos a la puesta en práctica del sistema con intermediarios privados o la fortaleza en seguridad informática del software utilizado.
Asimismo, el hecho de tener impreso el resultado de la selección en la boleta no significa que la totalidad del electorado controle si se corresponde con lo registrado en su chip. Hay estudios sobre el voto bajo una similar modalidad en USA, que demuestran lo bajo que resulta el control ciudadano como fiscalización de su propio voto.
Por otra parte, las formas de fiscalización de todo el proceso cambian rotundamente y es necesario auditar diversos procesos críticos que se corresponden con la manipulación de los DVD, credenciales PIN y modalidad de puesta en funcionamiento de las unidades electrónicas que no resultan ser una simple impresora como se escucha decir, sino una computadora, que se puede manipular con cierta facilidad desde el exterior.
El temor que resulta de la generalización del sistema es cómo lograr que haya un cuerpo capacitado y profesionalizado de autoridades de mesa para llevar adelante todo el proceso en todos los distritos del país con la misma calidad y confiabilidad. Podrá resultar muy bien o muy mal según el grado de compromiso que las autoridades electorales le impriman a la organización de los nuevos procesos y la calidad de los padrones para desarmar definitivamente las prácticas clientelares que puentean todo tipo de control clásico.
La boleta única emerge como solución económica y concreta en relación a las crecientes irregularidades que ya escapan de la órbita de las autoridades de mesa y que se extienden como reguero de pólvora entre los punteros y militantes que aprenden de dichas prácticas para sostenerse territorialmente a como dé lugar.
En definitiva, las propuestas aquí vertidas pretenden generar nuevos marcos de transparencia para los procesos de elección, ejecución y control de las actividades relativas al sostén de la Democracia representativa y sus principales instituciones: los partidos políticos.
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