La coparticipación federal sigue siendo tema controvertido
En los últimos días, hubo una serie de reuniones entre los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y varios gobernadores del Interior del país. El tema sobre el que se debate es muy antiguo, y se remonta a los orígenes de la Argentina: la coparticipación federal.
¿Qué es la coparticipación?
La coparticipación es, según la ley Nº 23548, «un Régimen de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias». Es decir, todas las provincias y el nivel nacional aportan a través de una serie de impuestos¹ a un fondo común, que finalmente es redistribuido entre el nivel nacional de gobierno y el provincial, y hacia todas las provincias.
Según el artículo 3ero. de la Ley Nº 23548, el total de lo recaudado (que se divide en un 42,34% a la Nación, el 54,66% a las provincias, un 2% se da en forma automática para cuatro provincias (Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz) y un 1% se destina al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
Del porcentaje que se da a nivel provincial (es decir, el 54,66%), se realizan una serie de distribuciones para las 23 provincias que componen nuestro país. La Provincia de Buenos Aires, es una de las que recibe uno de los porcentajes más altos de fondos (un 19,93%), seguido de provincias como Santa Fe (9,28%) y Córdoba (9,22%). Las provincias que menos fondos reciben son Chubut y Santa Cruz (1,38%), Neuquén (1,54%), y la C.A.B.A. y La Pampa (1,95%).
Los factores que se tuvieron en cuenta al momento de realizar las designaciones tuvieron que ver, por un lado, con la cantidad de población, la extensión del territorio, el grado de dispersión de la población (la densidad de la población), la capacidad fiscal, el porcentaje de habitantes con necesidades básicas insatisfechas, entre otros.
Lo interesante es notar, como bien destaca Alberto Porto [Link: http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/doctrab/doc17.pdf], que el régimen de coparticipación viene a zanjar dos «desequilibrios»: por un lado, uno vertical, que se da entre el nivel Nacional y el Provincial; por el otro, uno horizontal, que se da entre las distintas provincias, por las distintas características socioeconómicas que tiene cada una de ellas.
El esquema de distribución intenta ser equitativo, respecto a la transferencia de recursos, para las provincias que más lo necesitan. Se debe resaltar que está pensado de manera que las provincias económicamente más dinámicas (como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) canalicen un flujo de recursos hacia aquellas más desfavorecidas. Esto quiere decir que, si bien todas las provincias aportan según sus capacidades fiscales, estas cuatro provincias (más la C.A.B.A.) aportan más de lo que reciben. Sin embargo, este esquema no funcionó aceitadamente en los últimos años, y desde el año 2006 surgieron distintos conflictos entorno al mismo.
¿Qué problemas surgieron, respecto a la coparticipación, en los gobiernos anteriores?
A partir de las sanciones de las leyes 24.130 (1992) y 26.078 (2006), el nivel nacional de gobierno retuvo un 15% de los fondos coparticipables, para los pagos de las obligaciones de las cajas previsionales nacionales, entre otros gastos a nivel nacional. Esta detracción significó una merma en los montos percibidos por las provincias, quienes se vieron seriamente perjudicadas y en la mayor parte de los casos, se vieron obligadas a contraer deudas para mantenerse a flote.
En ese sentido, en enero del 2015, el gobierno nacional liderado en ese entonces por Cristina Férnandez, renegoció la deuda de las provincias, en un intento de ayudar, a Daniel Scioli, candidato a presidente en las elecciones de ese año, y exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, que se encontraba seriamente endeudada (para tener una idea, la deuda bonaerense ascendía al 8,1% de los fondos coparticipables) y necesitaba presentar una imagen más favorable.
Pero una renegociación de la deuda no bastaba para paliar el problema de fondo: que las provincias recibían discrecionalmente de la mano del Poder Ejecutivo Nacional (y directamente a las manos del Poder Ejecutivo Provincial) una suma de fondos que les correspondía por ley.
Es decir, el Estado Nacional retenía un 15% a todas las provincias, para luego repartir determinadas sumas para obras públicas y otros proyectos, a provincias que tuvieran su beneplácito.
Por otro lado, el Poder Judicial tardó más de ocho en años en emitir un fallo a favor de las provincias. Esta inoperancia llevó a que en uno de sus últimos decretos presidenciales, el 01 de diciembre de 2015, Cristina Fernández “embarrara la cancha”, sancionando el decreto 2635/2015, que ordenaba la eliminación de esa detracción del 15%, perjudicando financieramente al nuevo gobierno. Estos vaivenes, sólo aumentaron el malestar de los representantes provinciales.
Todos estos años de maltrato en ese sentido, explicarían, siquiera parcialmente, las exigencias de las provincias ante el nuevo gobierno, provincias que en muchos casos se encuentran postergadas y a la espera de los fondos que les corresponden, por ley.
Ahora nos encontramos a la espera de un esquema de coparticipación, más justo, más equitativo, o al menos, menos aleatorio en su distribución.
¹ Entre ellos, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado, distintos Impuestos Internos (como por ejemplo, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, o el Gravamen de Emergencia sobre Premios de Determinados Juegos de Sorteo y Concursos Deportivos), entre otros.
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