La independencia de la Corte y la mala fortuna institucional

La Corte Suprema es la cabeza de uno de los órganos del poder del estado, y como titular del poder judicial, su rol institucional es trascendental. La Constitución dispone una serie de garantías para mantener la independencia del poder judicial en general; y para la Corte Suprema en particular, establece tanto los requisitos para ser miembro de ella, como las modalidades de su designación (lo designa el poder ejecutivo con el acuerdo del Senado, requiriendo una mayoría agravada de 2/3 partes de los miembros presentes), como su destitución (mediante el procedimiento del juicio político). Tanto las garantías de independencia del poder judicial establecidas en nuestra Constitución (como por ejemplo la irreductibilidad de sueldos y estabilidad en su cargo mientras dure su buena conducta), como los requisitos para su designación y remoción, demuestran la importancia que le dieron los constituyentes tanto al poder judicial como a la Corte en especial, para que no sea sometida al poder político de turno.

La Corte Suprema es la intérprete final de nuestra Constitución y garante de ella, por eso es que el sector político, sucesivamente intentó tener una Corte «adicta». Mediante el control de ella, y por su función constitucional, puede lograrse que los políticos vulneren las disposiciones constitucionales y el valor justicia que la Carta Magna impregna, sin que haya un poder imparcial que le ponga límites. La Corte, como expresión máxima de la justicia independiente, tiene un invaluable rol de ponerle límites a los políticos que quieran violar nuestra Constitución Nacional.

Para ejemplificar lo que digo en nuestra realidad histórica, desde 1946 -cuando el gobierno peronista promovió una serie de juicios políticos contra miembros de la Corte-, hasta la actualidad, todos los gobiernos, ya sea democráticos o de facto, procuraron remover, sustituir, o nombrar jueces del máximo tribunal a fin de obtener su control, con las solas excepciones de los gobiernos de Arturo Illia y Fernando De la Rua. Puede eximirse de esta afirmación, también, a los gobiernos de Cámpora y Alfonsín, quienes sucedieron a gobiernos de facto y las designaciones que éstos habían hecho resultaban espurias y, en algunos casos, incluso los mismos miembros de la Corte renunciaron a sus cargos.

El kirchnerismo, a partir de su asunción en el año 2003, no fue la excepción a ello. Presionó a los miembros del máximo tribunal (renunciaron Nazareno, López y Vázquez) y en dos casos promovió el juicio político de sus miembros (Moliné O’Connor y Boggiano). Luego, nombró nuevos miembros (Zaffaroni; Highton de Nolasco; Argibay y Lorenzetti). Los temas que más le preocupaban al kirchnerismo eran los casos judiciales relacionados con la emergencia económica, que obligó a tomar medidas políticas que violaron sustancialmente el derecho constitucional de propiedad (más precisamente, todas aquellas cuestiones relacionadas con la pesificación). Si bien hoy en día se asume que la Corte nombrada por el kirchnerismo era independiente, aquéllas sentencias que al gobierno le preocupaban, resultaron a favor de la intencionalidad del gobierno (por ejemplo los fallos Bustos, o Massa).

El próximo gobierno que asuma a partir de Diciembre de 2015, debería ser la excepción a todo esto que vengo diciendo. Un gobierno que verdaderamente pretenda darle al país la institucionalidad que requiere, estableciendo las bases necesarias para un desarrollo político y económico sustentable, debería respetar la composición de la Corte Suprema. Eso demostraría que, a pesar de que la Corte fue elegida por otro gobierno, se respetará su composición, dando garantías de imparcialidad e independencia. La Corte no se toca, dándosele el respeto que como órgano máximo y titular del poder judicial se merece. Sería, asimismo, y desde el punto de vista político, un mensaje simbólico de institucionalidad.

Pese a ello, la paradoja de todo esto es que, más allá de que el próximo gobierno no procure presionar a la Corte ni promover juicios políticos a sus miembros; hoy por hoy el máximo tribunal tiene un miembro menos del que por ley debería tener. También, puede ser que dado la edad que tiene el Dr. Fayt, sea también tarea del futuro gobierno designar a un segundo miembro en caso de que tal cargo quede vacante. Esto lleva a pensar si Argentina no está signada por una mala fortuna institucional, dado que este mensaje político de independencia del poder judicial no va a poder darse plenamente; ya que el próximo gobierno va a tener una participación en la composición de la Corte, cuanto menos en la designación de un ministro.

Sería bueno, por el desarrollo político, económico y la institucionalidad de nuestro país, que se designe algún juez con las cualidades académicas, científicas y morales que el cargo merece. Y el tiempo dirá si la elección fue producto de la búsqueda de imparcialidad e independencia, o si el futuro gobierno procuró tener una corte adicta como hicieron todos los gobiernos desde el Perón en adelante.