La necesidad de aplicar tecnología al Estado

En los últimos tiempos, se aplicó el término «modernizar» al Estado, para eliminar la burocracia existente, que según el dicho popular, hace que un trámite dure más de lo que debería. La concepción de un Estado grande es malo y un Estado chico es eficiente es un pensamiento que una gran cantidad de estadistas de índole conservadora han intentado aplicar desde el avenimiento del neoliberalismo, allá por la década del 80. Tampoco la idea de un Estado gigantesco es buena, menos si hay trabajadores que no tienen espacio físico donde desarrollar alguna tarea, sobre todo cuando la mayoría de ellos se encuentra en condiciones de precariedad laboral, es decir contratados, por años.

La solución es aplicar la tecnología al Estado en cada una de las jerarquías. En la segunda década del siglo XXI, no es admisible que se sigan utilizando archivos y documentación en papel, cuando con unos pocos clicks, se puede enviar y recibir información desde cualquier punto del globo a otro. Pero no debe existir un sistema para cada estamento del Estado, sino un sistema único, donde se encuentre la información relevante de cada uno de los ciudadanos que habitamos el país. A través de un sistema integrado, no solo permitiría resolver problemas de índole particular, como la cantidad de personas que viven en el país, sino que se puede contar en el mismo instante con datos referidos a ingresos, seguridad social, composición familiar, nivel crediticio, condiciones de vida, entre algunos que se puede mencionar.

A nivel se aplica el concepto del Big Data. Big data se denomina a la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los límites y capacidades de las herramientas de software habitualmente utilizadas para la captura, gestión y procesamiento de datos. Dicho concepto engloba infraestructuras, tecnologías y servicios que han sido creados para dar solución al procesamiento de enormes conjuntos de datos estructurados, no estructurados o semi-estructurados (mensajes en redes sociales, señales de móvil, archivos de audio, sensores, imágenes digitales, datos de formularios, emails, datos de encuestas), que pueden provenir de sensores, micrófonos, cámaras, escáneres médicos, imágenes, etc. Aplicado a la política pública, permitiría segmentar las necesidades de cada uno de los argentinos en el momento de realizar alguna acción particular. Por ejemplo, un jubilado fue a un especialista que le encomendó tomar un determinado medicamento. El especialista carga en el sistema integrado el problema del paciente y la droga que necesita para tratar la afección. La persona irá a una farmacia para retirar el medicamento, y en base a los ingresos que posea, que ya estarán precargados en el aplicativo, tendrá un descuento determinado en ese medicamento. Con esto no quiero anunciar que los comercios tendrán acceso a información sobre nuestros ingresos, sino que podrán visualizar mediante el ingreso del número de CUIL, cual es el porcentaje de descuento que se le aplica, sin conocer otro dato. Esto ayudaría a que la persona no deba pasar farmacia por farmacia, para saber cual trabaja con la obra social, sino que es un camino multidireccional de información: todos los agentes cargan datos en el momento, por lo cual, se evitan posibles fraudes o perdidas de información.

Los detractores de estos sistemas, los rechazan porque quitan puestos de trabajo y son extremadamente caros, lo cual, desde mi óptica, es errado. El sistema no elimina la burocracia, sino que otorga una herramienta veloz y necesaria de información para que los empleados puedan desarrollar eficientemente la labor. Es una jerarquización del empleo público, denostado públicamente por los partidarios del Estado pequeño. No quita puestos de trabajo, sino que mantiene activos a todos los empleados, enviando y recibiendo información en el momento, para que se agilicen los tiempos de respuesta. El sistema es caro. Pero el ahorro se da con la reducción de los tiempos, la eliminación de papeles innecesarios, reorientando partidas mal otorgadas por falta de información, entra algunas de las cuestiones.

La cuestión fiscal en la incorporación de tecnología al Estado: mayor cantidad de datos, más progresividad

La tecnología al Estado no sólo se aplica a los programas de política asistencial a los que lo necesitan, sino que se puede aplicar a la cuestión fiscal. Mientras mayor acceso a la información haya, menor será la evasión fiscal. Los mayores evasores son aquellos que más recursos poseen. La aplicación de tecnología al Estado permitirá reducir este problema y cambiar con precisión la matriz impositiva del país. Otorgarle verdadera progresividad para que quien mayor ingreso tenga, más impuestos pague. El IVA es de los impuestos más injustos que existe, porque tanto el pobre como el rico, pagan la misma cuantía por igual. Mientras hay trabajadores que pagan impuesto a las ganancias-sin tener sueldos extremadamente elevados, con las empresas como agentes de retención-están las empresas de juegos de azar que cuentan con escasos controles mediante declaración jurada de la propia empresa, evadiendo millones de pesos en impuestos o mediante el pago de un canon fijo, que nada representa los ingresos reales que las empresas poseen.

Si se aplicara tecnología al Estado y al tributo de estas actividades, se podría reorientar la matriz productiva para favorecer a los que menos ingresos poseen. La AFIP podría ser mucho más precisa a la hora de auditar empresas y particulares si tuviese un sistema integrado. Las declaraciones juradas son laxas, en cuanto a controles sobre estas y la demora sobre ocultamiento de información es altísima. Es por eso que el paso a la informatización completa del Estado debe ser urgente, para otorgar verdadera transparencia en el Estado, y no medidas de maquillaje.