Las fallas del servicio penitenciario en la fuga de Gral. Alvear
La fuga del penal de Alvear y la complicidad del servicio penitenciario el pasado 27 de diciembre es sólo una noticia más en la larga historia de penetración del narcotráfico en la sociedad argentina. La lista de hechos resonantes relacionada al narcotráfico comienza a hacerse cada vez más grande: el caso de las narcovalijas en los aviones de Southern Winds en 2004; el contrabando de efedrina en 2008 con el desenlace del tristemente célebre crimen de General Rodríguez y, durante ese mismo año, el asesinato de los ciudadanos colombianos en el estacionamiento de Unicenter, en lo que se cree que pudo haber sido un ajuste de cuentas entre cárteles. Sin embargo, estos hechos son sólo la punta del iceberg de la presencia narco en Argentina.
Frente a este escenario, surgen inevitablemente cuestionamientos en relación al accionar del Estado. ¿Cómo es posible que un avión repleto de cocaína supere todos los controles aeroportuarios? ¿Qué sucedió con los asesinos de los ciudadanos colombianos? ¿Cómo lograron los condenados por el triple crimen fugarse de un penal de máxima seguridad? Todos estos interrogantes conducen a una certeza: la crisis en la que se encuentran las instituciones de seguridad federales y provinciales en la República Argentina.
Las falencias del servicio penitenciario provincial
El caso de la fuga de los autores del triple crimen del penal de máxima seguridad iluminó la situación en la que se encuentra el servicio penitenciario provincial, situación de la que no escapan otras dependencias de seguridad y de defensa en la Argentina. La institución penitenciaria provincial alberga la mayor cantidad de presos en el país, aproximadamente unos 30.000 reclusos, cifra que triplica la población carcelaria del sistema federal. Este indicador nos da una idea de la cantidad de recursos económicos y humanos que debería desembolsar la provincia de Buenos Aires para sostener un servicio penitenciario eficiente. Sin embargo, la crisis no se resuelve simplemente con un aumento de la partida presupuestaria. Debido a que el servicio penitenciario es una institución de seguridad pública, la problemática del mismo responde a un entramado mucho más complejo, siendo necesario esperar varios años para empezar a ver un saneamiento efectivo luego de adoptadas un conjunto de medidas.
La deficiencia del sistema penitenciario se hace visible desde la formación misma del personal. Los centros de incorporación de oficiales y suboficiales muestran un criterio de selección muy laxo, debido a la necesidad de contar con efectivos suficientes para cubrir los puestos que la institución requiere. Desde el punto de vista de la infraestructura, no hay un mantenimiento de los equipos de vigilancia por falta de recursos. A su vez, los centros de detención no alcanzan para contener la superpoblación carcelaria, hecho por el cual muchos presos cumplen parte de sus condenas en comisarías locales. Y tal vez, la falencia más importante recae en la pésima administración de recursos y la falta de control por parte del poder político.
En conclusión, pareciera ser que el Estado en sí mismo se encuentra anestesiado a la hora de diagnosticar el panorama actual y tomar medidas para frenar el aumento de la corrupción en instituciones permeables y vulnerables a las poderosas organizaciones criminales. El simple pase a disponibilidad de las cúpulas penitenciarias no resuelve absolutamente nada. Para que el cambio sea real, la reestructuración del sistema debe ser integral e inmediata.
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