Ley de Medios: condenaron a Martín Sabbatella por abuso de autoridad
El juez Ariel Lijo condenó hace instantes a 6 meses de prisión a Martín Sabbatella por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Medios durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
Sabbatella, que actualmente encabeza la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), fue juzgado por su labor al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA).
Durante la lectura del veredicto, el magistrado resaltó el valor del juicio oral en donde las partes tienen la obligación de probar la acusación que realizan. “De lo que se trata es de garantizar la vigencia del Estado de Derecho y su alcance, y de cómo el Estado debe actuar respecto de un particular se trate de quien se trate”, aseguró Lijo, quien rechazó los planteos de nulidad realizados durante el debate y anticipó que el jueves se conocerán los fundamentos de la decisión.
Antes de la lectura de la sentencia, el funcionario tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. “Este caso es todo un gran disparate, solo explicado en el gran problema que tenemos como democracia que es el daño que le hacen los grupos hegomónicos mediáticos y la complicidad de esos grupos con parte el poder judicial. Este juicio oral ha servido para que quede claro. Acá se busco una medida disciplinadora y que demuestre que ellos están afuera de la ley”, afirmó.
Y añadió: “Si me acusa de algún delito, creo que no es cierto, el delito no existe. Ahora si se me acusa de ser parte de un proyecto político, de tener un ideas, principios y valores, de trabajar para cumplir la ley, de creer en una democracia de todos y todos, de ser un militante político es absolutamente cierto y estoy plenamente orgulloso”.
Durante el proceso se investigaron las conductas que tuvo el funcionario con el Grupo Clarín. El juicio comenzó en noviembre del pasado y el fiscal federal Eduardo Taiano dio por probada la acusación y había solicitado que Sabbatella sea condenado a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad.