Pasar la escoba, el deber de Bullrich en seguridad
La persecución de los prófugos del penal de General Alvear dejó al gobierno nacional en un lugar demasiado incómodo. Los medios locales inundaron las pantallas y los diarios con información de los hechos. Al mismo tiempo, la opinión pública internacional se hizo eco de las reiteradas fallas de comunicación en el procedimiento de recaptura y la responsabilidad de la actual administración nacional en el plano de la seguridad.
La captura que no fue
Durante el mediodía del sábado 9 de enero, una noticia confirmada por el propio presidente de la Nación monopolizó todos los medios: “Felicito a todo el equipo y a las fuerzas de seguridad por la captura de los prófugos”. Lamentablemente, la euforia duró poco: pasadas las 18.30 hs, el jefe de la Policía Federal confirmó que Cristian Lanatta y Víctor Schillaci continuaban prófugos. Más tarde, y muy a su pesar, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tuvo que reconocer la falla en la información recibida. Recién el 11 de enero se logró cumplir con el objetivo y recapturar a los prófugos restantes gracias a la policía local.
Esta simple fuga destapó un problema mayor: la situación en la que se encuentra la cartera de seguridad nacional y provincial.
Entre el poder real y el poder formal
Si bien es cierto que el frente Cambiemos alcanzó la mayoría electoral para hacerse cargo del Poder Ejecutivo nacional y el de la provincia de Buenos Aires en una victoria histórica, es comprobable la falta de control efectivo de sus instituciones.
El gobierno nacional está cometiendo un error político muy grave: está depositando su confianza en instituciones que no controla ni conoce a fondo. La propia Patricia Bullrich afirmó lo siguiente: «nuestra autocrítica es que no conocíamos las fallas del sistema”
En materia de seguridad, está probado que no hay control del Servicio Penitenciario provincial, el cuál facilitó la fuga de los condenados por el triple crimen. En cuanto a la persecución, se demostró en reiteradas ocasiones las fallas en la comunicación en todos los órdenes jerárquicos. No hubo un diálogo adecuado entre el nivel nacional y provincial. Al mismo tiempo, participaron cuatro fuerzas federales que no supieron trabajar en conjunto.
El trabajo en equipo es bueno y deseable si se conocen los miembros entre sí y hay confianza recíproca. Por el momento, esto no sucede. Las fuerzas de seguridad nacionales y de la provincia de Buenos Aires mantienen en su plana mayor a muchos jefes que no están de acuerdo en colaborar con la nueva política de seguridad. En el mismo sentido, la nueva administración de los ministerios de seguridad cuenta con pocos funcionarios para hacer cumplir la política impartida por el presidente de la Nación.
El reordenamiento de la seguridad
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció su renuncia al presidente Macri, la cual no fue aceptada. Esto significa un voto de confianza para la funcionaria, que no solo tiene el deber de encontrar a los responsables policiales y políticos que colaboraron con los prófugos, sino que debe reorganizar toda la estructura de mando para poder llevar a cabo el saneamiento del ministerio de Seguridad y las fuerzas federales. Hay que tener en claro que la tarea es imposible sin una verdadera política de Estado, es decir, una política de seguridad a largo plazo consensuada por todos los sectores políticos. Sin acuerdo, la batalla está perdida de antemano. La seguridad en su conjunto se encuentra en crisis y las organizaciones criminales están más organizadas que nunca.
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