Persecución política, ¿verdad o estrategia de defensa?
Los casos de corrupción ventilados últimamente en general a nivel mundial, pero en países latinoamericanos en particular han generado en la sociedad civil desencanto en la política y descrédito de los políticos.
El caso lava jato en Brasil, ha salpicado a políticos y empresarios de diferentes países de la región.
La empresa Odebrecht, un complejo empresarial dedicado a obras de infraestructura se ha valido de contratos de obra pública ya sea en forma directa o a través de la conformación de consorcios.
Los retornos que en Argentina alcanzan aproximadamente 35 millones de dólares eran recibidos por ex funcionarios argentinos a través de intermediarios.
Los ex funcionarios involucrados aluden a persecución política cuando se los incluye en las denuncias.
En Brasil, país donde se desató el escándalo y a raíz de confesiones de involucrados afectados para quedar en una posición favorable ante la justicia, el escándalo crece a medida que se conocen nuevos actores comprometidos.
Según Lula hay claramente persecución política y cacería judicial que destruye la democracia.
Tenemos que recordar que el ex presidente Lula había estado involucrado por tráfico de influencias y lavado durante su gobierno además del recordado “mensalao”, que tenía que ver con el pago de sobornos por parte del Partido de los Trabajadores a opositores para que aprobaran en el Congreso proyectos oficialistas y por el cual fueron juzgados funcionarios, banqueros y empresarios.
En Perú se destapó ahora que el ex presidente Toledo habría recibido en concepto de coimas de la empresa en cuestión 20 millones de dólares, también alude persecución política.
Estos tres casos ejemplificados son sólo ejemplos que mezclan corrupción con política, y la verdad es que son cuestiones independientes, el que recibió dádivas o coima en virtud de ostentar una posición política favorable no lo hace acreedor de persecución política sino simplemente y una vez comprobada judicialmente la denuncia es solo portador de un delito grave que deberá ser penado según las leyes de la manera más contundente.
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