¿Recuerda el Papa Francisco quién es Hebe de Bonafini?
Dentro de pocos días Hebe de Bonafini será recibida por el papa Francisco, pero es importante que el papa tenga conocimiento que Hebe de Bonafini es la misma que no puede justificar como desaparecieron más de 2.000 millones de pesos entre la fundación, la universidad y los subsidios.
Los fondos administrados por ella sirvieron para pagar sobresueldos a los funcionarios y para enriquecer a unos pocos. Si ésto fuera poco, las escasas construcciones entregadas – que no superaron el 20%- son de telgopor, que no resisten ni la lluvia ni altas ni bajas temperaturas. Las cuales, hoy, se encuentran totalmente deterioridadas.
La nota de color y más grave para los católicos, fue cuando tomó la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires y la utilizó como baño público.
Sabiendo todo ésto, está muy bien que la reciba pues Jesús vino para los pecadores. Pero que trate de convertirla y llevarla por el buen camino, ya que eso es lo que hizo cada uno que tuvo su encuentro con Jesús.
Marcela Diaz, testigo
El día 18 de julio de 2015 murió Marcela Díaz empleada de la fundación Sueños Compartidos, quien había denunciado a punteros de Hebe de Bonafini, y en especial a Ruben POCHO Brizuela por una serie de delitos y además por aquellos que específicamente se investigan en la causa que tramita MUY LENTAMENTE por ante el Juez Martínez Di Giorgi. A esta testigo la mató una bala perdida, mientras ella se encontraba amenazada y había realizado la denuncia respectiva y así y todo no la protegieron. Lamentablemente así terminó. No obstante, la causa no avanza, pese al fallo de la Cámara que imputa a los funcionarios.
Construcciones de la fundación de Hebe de Bonafini
La causa de las construcciones de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, se encuentra sin movimiento, y el juez sigue demorando.
Esta historia se inicia en el año 2004, cuando Néstor Kirchner a través del Banco Nación-LEASING, le hace entrega a la universidad y a la fundación de entre cuarenta y cincuenta millones de dólares. A esta suma se le deben agregar los mil doscientos millones entregados para Sueños Compartidos, más los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación.
El Gobierno kirchnerista asumió con esta estatización el pasivo de trescientos veinticinco millones, ya que al decir doscientos millones, ya que al decir doscientos millones que no se computan los juiciones que son el resto, pero además blanquear todo el dinero utilizado con otros findes que no son precisamente la educación. Lo que no avanza es la causa penal, que todavía no fijó indagatorias para los funcionarios públicos y las autoridades de la fundación.
Oyarbide quería salvar a Hebe de Bonafini y De Vido por la estafa de Sueños Compartidos, por eso está bien el fallo de la Sala 1 que acumula esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi, es importante que el juez actúe porque tiene elementos suficientes y tome su verdadero camino donde la fundación deja de ser damnificada y pasa a ser imputada. En esa causa se demuestra una mecánica de corrupción donde están involucrados varios organismos del Estado y también quienes armaron estos ilícitos. Ahora debería actuar el juez pero el ex Gobierno K la tapa y pretende que quede en la nada, desde que resolvió la Cámara, el juez no tomó una sola medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple vista, y además este contrato fue rescindido por el propio kirchnerismo.
El Gobierno K le entregó a la fundación mil doscientos millones, pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas planificadas. Pero ahora estatizada la deuda de la fundación, que son trescientos veinticinco millones. Por eso yo digo, «cómo no van aplaudir si el pago que recibieron fue constante y muy grande». Pero los más grandes, fueron los ilícitos que cometieron con los sueños de mucha gente en la vivienda propia.
En realidad el Juez Norberto Oyarbide trató por todos los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento. Por tal razón, es lógico prever que la acumulación a la causa principal es positivo. A esta altura de la causa, los importantes son los funcionarios firmantes de los contratos y que autorizaron los pagos.
Porque Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los cuatrocientos millones de dólares que le faltan a la fundación y dónde se encuentran los cuarenta millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra Miceli.
En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de ciento cincuenta millones de pesos en la administración del programa. Sin embargo, ese «faltante» llegaría a ese número, ya que el Gobierno le entregó a los responsables del Programa mil doscientos millones pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades.
Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos la hayan llevado Sergio Schoklender y su hermano Pablo, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales.
Y para arribar concretamente a esta conclusión lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11 que hoy tiene paralizada y que se deberá activar, el juez federal Martínez Di Giorgi. La inició el abogado Jorge Vitale (autor de la presente nota), por violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, contra los ex ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa Sueños Compartidos.
Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra «sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe”.
En la demanda se afirma que «el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones».
La presentación afirma que las viviendas que construyeron la Fundación que lidera Bonafini son en base a «planchas de telgopor de 8 centímetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento».
En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el ex Gobierno Nacional le paga a la fundación doscientos diez mil pesos por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón ochenta y un mil pesos por unidad.
También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones.
Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.
- La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.
- Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”
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