Se realizaron las pericias por las rutas de Santa Cruz
La pericia oficial sobre la obra pública vial en Santa Cruz dio ampliamente favorable a todo lo realizado en las rutas de esa provincia. Esto beneficia de manera categórica a CFK, Julio De Vido, Lázaro Báez, las autoridades de Vialidad durante el kirchnerismo y muchos otros, que fueron llevados a juicio sin que existiera estudio alguno. En concreto, casi todos los puntos salieron a favor de los imputados y subsisten discrepancias en un sólo punto. En la pericia contable, se firmó por unanimidad que no hubo sobreprecios en ninguna redeterminación de las obras, tampoco en las modificaciones que se hicieron. En la pericia de ingenieros se firmó, también por unanimidad, que las empresas de Lázaro Báez tenían la capacidad técnica para realizar las obras y se cumplió con las exigencias del pliego. También que fueron razonables los mayores costos y plazos por los cambios en las obras y que las demoras se explican por razones razonables. El punto en el que hay discrepancia hasta el momento es el que tiene que ver con los valores que se fijaron a las obras en los pliegos, que de todas maneras luego fueron objeto de licitación y competencia de precios. Dos peritos sostuvieron que el precio fue demasiado alto y el tercer perito –perito de parte– cuestionó que sus colegas cotizaron una repavimentación de la ruta 3 cuando lo que se hizo fue algo muy distinto, convertir a la ruta 3 en una autovía entre Rada Tilly y Caleta Olivia. La cuestión motivará un debate técnico ante el Tribunal Oral, pero el resultado de la pericia fue amplia y mayoritariamente favorable a todo lo hecho.
La pericia está lista para entregar al tribunal e incluso se iba a hacer el viernes. Sucede que no se reunió el llamado colegio pericial en el que convergen todos los profesionales y firman. Pero, además, el Tribunal liberó más documentación para que los peritos estudien. El análisis contable fue realizado por un contador designado por los jueces, un contador de la fiscalía y uno por las defensas. Los resultados, firmados de forma unánime por los tres contadores, fueron ampliamente favorables a los imputados.
*No hubo sobreprecio en la redeterminación de las obras. Esto significa que cuando la inflación, medida por el Índice de la Construcción, desbordó el diez por ciento, la empresa constructora pidió la redeterminación del precio. Eso se hace en base a un decreto que en su momento firmó Eduardo Duhalde y con índices muy precisos. Los contadores firmaron que no hubo irregularidades.
*No hubo sobreprecios en las modificaciones. En toda obra se realizan cambios, casi siempre porque aparece algún caño o instalación no prevista, porque no se pudo expropiar tal terreno o porque se necesitó un puente. Los peritos coincidieron en que lo que se pagó por esas modificaciones fue lo correcto.
La pericia de ingenieros fue realizada también por un profesional designado por los jueces, uno por la fiscalía y una de las defensas. El designado por los jueces fue el controvertido ingeniero Eloy Bona, que twiteó barbaridades contra CFK. El de la fiscalía fue Roberto Panizza y por las defensas Adriana Alperovich. Los peritos coincidieron en tres de los cuatro puntos:
*Una de las acusaciones fue que las empresas de Lázaro Báez no tenían capacidad técnica para hacer las obras y se las favoreció de manera irregular. Los ingenieros destrozaron esa acusación y sostuvieron, por unanimidad, que «al momento de otorgarle las obras se dio cumplimiento al pliego de licitación en todos los casos».
*Otra acusación es que existió una maniobra con la modificación de las obras. También por unanimidad, los ingenieros derrumbaron esa imputación. Concluyeron que las redeterminaciones de costos y plazos fueron razonables, que las modificaciones también fueron razonables y que la ejecución cumplió e incluso superó lo contratado.
*Otra de las acusaciones fue sobre las demoras en las obras. Por unanimidad, los tres ingenieros concluyeron que las demoras fueron razonables y fundadas en las modificaciones que hubo que hacer. Por ejemplo, aparecieron caños enterrados de YPF, que la empresa tardó en modificar o en algunos casos hubo que cambiar la obra porque había familias habitando terrenos tomados por los que debía pasar la autovía.
El punto de discrepancia, que incluso no tiene unanimidad entre el ingeniero designado por los jueces y el nominado por la fiscalía, está relacionado con el precio al que fueron valuadas las tres obras de la ruta 3, entre Comodoro Rivadavia –en realidad Rada Tilly– y Caleta Olivia. La discrepancia tiene que ver con la obra cotizada. Según los dos peritos oficiales –que no están de acuerdo entre ellos– se trató de prácticamente una repavimentación de la ruta 3. La perito de las defensas sostiene que se reemplazó la ruta por una autovía, con dos carriles en cada sentido, en lugar de un carril que tenía la ruta 3. Además, los accesos son muy distintos y sobre todo se hizo un terraplén completamente diferente, con sub-base, base asfática y carpeta de rodamiento de otros valores que una repavimentación. La razón por la que se convirtió la ruta 3 en autovía en ese tramo es porque allí transitan grandes camiones petroleros y transporte de maquinaria.
Hay un detalle asombroso. Cuando asumió el gobierno de Macri le quitaron las tres obras de la autovía 3 a Báez y de la nueva licitación participaron 10 empresas. Los tres tramos fueron ganados por CPC, la empresa de Cristóbal López, y hubo ofertas más caras que las de López hasta en un 70 por ciento. Como la ofensiva del gobierno era política, también le quitaron las obras a López, con lo cual la obra está paralizada y deteriorada. Los fiscales intentaron demostrar que el nuevo precio era mucho menor que el de Báez, pero tuvieron el problema de «olvidarse» que Báez ya había hecho una buena parte. La perito Alperovich demostró que los valores a los que se le adjudicó a Báez son muy parecidos a los que el macrismo le adjudicó la obra después a López y que están muy por debajo de lo que ofertaron otras empresas. En verdad, todo esto sólo confirma una auditoría mandada hacer por el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel. Sus propios técnicos concluyeron que no se pagó nada que no se hubiera construido, que las obras estaban bien hechas y que el desvío entre lo pagado y lo construido era apenas del 0,1 por ciento.
¿Qué pasará con el juicio a Cristina Kirchner?
El Tribunal Oral Federal 2 resolvió este lunes que continúe el juicio oral a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por delitos en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, al rechazar planteos de su defensa la de otros procesados, según la resolución leída durante casi dos horas en una audiencia.
Uno de los planteos es el de «litispendencia» que hicieron varias defensas, entre ellas la de Carlos Beraldi, defensor de la exmandataria, al considerar que hay varias causas similares donde se la juzga por el mismo hecho, como ser las investigaciones por la causa «Los Sauces» y el caso «Cuadernos», este último donde se investiga pago de sobornos durante el kirchnerismo.
Sin embargo, la respuesta del Tribunal fue que «no tiene sustento fáctico y se reduce a manifestaciones a agravios que son inexistentes», y agregó: «Una deficiencia, no se ha descripto cuál es la hipótesis fáctica que se repite en todos los procesos». Además, rechazaron los planteos que hicieron varias defensas como los de la expresidenta y el exministro Julio De Vido en base a la supuesta violación de defensa en juicio, por los múltiples procesos judiciales en los que son juzgados por hechos similares.
La expresidenta es juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini, Andrés Basso mientras que el cuarto juez es Adriana Paliotti. Entre los 15 imputados en el expediente también se encuentran el empresario detenido Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación y el ex secretario de Obras Públicas José López. En la causa se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad de Báez, en la provincia de Santa Cruz.
En el caso, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta en este expediente en diciembre de 2016, cuando también le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos. «Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de Presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país», escribió entonces el magistrado en su fallo.
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