Senado: Preocupación en el sector energético por nuevos proyectos

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Recinto del Senado de la Nación

La comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado tratará este jueves tres proyectos de ley que buscan prorrogar el esquema actual de biocombustibles –que vence en mayo 2021- por hasta 15 años más. En ese marco, existen preocupación de los sectores automotriz y energético que no fueron convocados a participar del debate.

Desde esos sectores, advierten que con la actual norma el Estado deja de percibir divisas por exportaciones de maíz, soja y deja de recaudar los impuestos no cobrados a la venta del combustible.

Según fuentes del sector, el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de USD 6.000 millones por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de USD 1.400 millones por aceites de soja y maíz que podrían haberse exportado y terminaron volcándose al mercado interno.

Entre los principales cuestionamientos surge que no fueron convocados a participar a las petroleras ni a los fabricantes de vehículos.

El debate que llevará a cabo la Cámara alta del Congreso será el jueves a las 13 por vía remota y se discutirán tres proyectos: uno impulsado por la senadora Silvia Beatriz Elías de Pérez; un segundo encabezado por la legisladora María de los Ángeles Sacnun y un tercero presentado por Sergio Leavy.

El sector de bioetanol genera unos 500 puestos de trabajo y la producción de biodiesel, más de 2.000. Cabe recordar que en 2007 se promulgó la Ley de 26.093 (Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles) que dispuso la mezcla en los combustibles fósiles y otorgó incentivos fiscales a la producción de dicho producto.

La norma fue sancionada en un contexto de altos precios internacionales de petróleo, donde había además un beneficio económico sobre el precio final del combustible al utilizarse otro producto (biocombustible) de menor valor al tradicional de origen fósil. No obstante, poco tiempo después ese beneficio económico, a partir de la baja del precio del petróleo y el alza de los productos agropecuarios, se revirtió.

En ese sentido, señalaron que la ley 26.093 dio hasta el año 2021 beneficios fiscales a proyectos de construcción de nuevas plantas, les aseguró un mercado cautivo y un precio fijado por el Estado. Asimismo, remarcaron que el biocombustible agregado a la nafta y al gasoil no paga el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono.

“Solo quienes se dediquen a la actividad agropecuaria pueden producir biocombustibles, y únicamente se permite la importación si no hay suficiente producción local. Las petroleras están obligadas a comprar biocombustible a los productores locales, mezclarlo en sus productos y distribuir y comercializar la mezcla; con lo cual el productor no tiene costo de distribución y comercialización, ni tiene que operar y mantener una red de estaciones de servicio para su actividad”, cuestionaron fuentes del sector energético.

Por su parte, Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) dijo: “Las pérdidas para las arcas públicas no solo se encuentran en las exenciones impositivas de los biocombustibles desde hace 14 años, sino en impuestos que el país dejó de recibir por exportaciones de esos productos que pudieron haberse hecho en calidad de biocombustibles o inclusive aceites o harinas”.

Y agregó: “En 15 años el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de 6.000 millones de dólares por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de 1400 millones de dólares por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno”.

Para Bronstein, es necesario convocar a una mesa amplia donde participe el sector académico dado que se trata de definir una política de Estado vinculada al sector energético en un momento donde el país se encuentra golpeado por la pandemia y necesita apuntalar un sector más redituable como Vaca Muerta.

Asimismo, desde el sector energético y petrolero considera que el Gobierno deberá decidir qué hacer con un esquema que despierta lógicas adhesiones en el sector beneficiado y muchos cuestionamientos de quienes ven con preocupación los números fiscales, sobre todo en un contexto de crisis y recesión agravada por la pandemia de coronavirus.

“Siendo nuestro país uno de los mayores productores y exportadores de biodiesel, transcurrido un tiempo significativo desde el nacimiento de la industria resulta contradictorio que el producto de exportación satisfaga exigentes normas internacionales mientras que el disponible para mezcla local no alcance, en muchos casos, a cumplir sostenidamente la normativa vigente”, le escribieron en septiembre del año pasado a la Secretaría de Energía las empresas que comercializan combustibles en el país, con YPF a la cabeza.

Según las petroleras, respondiendo a una consulta de Energía acerca de la calidad de los biocombustibles, las deficiencias en ese sentido “generan reclamos por taponamiento de filtros, fallas en arranque en frío y congelamiento del producto a bajas temperaturas”.

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