Sincerar las tarifas, la nueva política progresista del Gobierno

Durante la campaña presidencial, el oficialismo hizo alusión repetidas veces a los valores irrisorios de las tarifas de servicios energéticos y a cómo el Gobierno anterior había destinado fondos estatales sin ningún criterio, logrando, quizás sin querer, beneficiar a los sectores sociales menos vulnerables.

En un artículo anterior analicé el modo de distribución de subsidios por parte del Gobierno K, y haciendo una comparación con otros países del mundo les mostré que realmente si no estamos dispuestos a pagar un aumento y pretendemos seguir pagando una miseria, no tenemos ningún derecho a exigir un servicio menos mediocre que el que tenemos hoy.

Está llegando el momento del aumento, ajuste o mejor dicho “sinceramiento” de las tarifas. A muchos no les parece justo que el gobierno nos pida que el mes que viene paguemos el 300% más por un servicio que seguirá siendo de tan mala calidad como lo fue hasta el mes pasado.

No voy a perder el tiempo contando que muchos han aplaudido “proyectos fantasma” como Atucha 2, el Gasoducto del NEA o la Central de Rio Turbio, porque la verdad es que, aunque estemos casi al límite, el problema no es la generación de energía per se. El problema principal que afecta la calidad del servicio es que en el sistema de distribución no se han realizado obras de modernización, ampliación, mejora o mantenimiento preventivo en décadas. Décadas de inacción nos costarán ahora décadas de trabajo. Mucho de lo que hace años hubieran sido tareas preventivas, hoy ya pasaron a ser correctivas porque se dejó colapsar la infraestructura.

¿Quién tiene la culpa? ¿Las concesionarias? ¿El Gobierno actual? ¿El anterior? Les quiero compartir una infografía que armé con datos del Ministerio de Energía, junto con los valores de la cotización histórica del dólar, en la que se ve la evolución de las tarifas de electricidad desde enero del 2009.

Podría haber analizado un periodo más amplio, pero no tenía sentido: las tarifas están congeladas y se han devaluado sin parar desde 2002 cuando se aprobó la Ley de Emergencia Económica.

Los términos de la concesión del mercado energético se encuentran establecidos en la ley 24065. En la misma, el Estado se compromete a permitir el ajuste de las tarifas cuando el concesionario se encuentre afectado por un aumento de costos que esté fuera de su control. También se fijan varias obligaciones de las empresas, como por ejemplo la cantidad máxima tolerable de interrupciones en el servicio, la duración máxima tolerable de los cortes, etc.

Al mismo tiempo se crea el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), ente estatal encargado de auditar a las empresas privadas para poder establecer tarifas que “…aseguren el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento” y que les den a las empresas “…la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer los costos operativos razonables, impuestos, amortizaciones y una tasa de retorno…”.

En 2005 se aprobó una revisión tarifaria integral, pero como el aumento causaría malestar en la población y se acercaban las elecciones legislativas, el mismo nunca se llevó a cabo. De esta manera, el Gobierno rompía el contrato y nos hacía perder a todos la posibilidad de demandar a las distribuidoras por las deficiencias del sistema y por el incumplimiento del contrato.

Para entender cuáles son los costos que aumentaron y que hacían necesaria y obligatoria, según la ley, el aumento de tarifas, hay que hablar de cómo se genera la electricidad que te permite estar leyendo esto.

Hay tres tipos de centrales de generación “sucias”, es decir, que producen contaminantes, alteran el ecosistema o gastan recursos no renovables: termoeléctricas, hidroeléctricas y electronucleares. En nuestro país, aproximadamente el 87% de la generación se realiza en centrales del primer tipo a partir de la combustión de gas o petróleo.

El tema de la generación “limpia” será tema para otra ocasión. Sólo quiero mencionar que el año pasado se aprobó una ley que establece que, para 2017, el 8% de la generación eléctrica debe provenir de este tipo de fuentes. En 2009 hubo un proyecto para la instalación de parques eólicos que atrajo a una empresa danesa. Por la alta presión tributaria, decidieron un año después retirarse del país para instalarse en Chile donde se promovía con más intensidad el cambio a energías eco-friendly.

Volviendo a los combustibles que necesitamos para producir electricidad, muchos pensarán que en un país plagado de recursos naturales como el nuestro no debería haber mayores inconvenientes para extraer la cantidad suficiente para abastecer el mercado interna y también exportar. Esa era la situación cuando Néstor Kirchner asumió como presidente: se le entregó un país exportador de gas con un sector energético con capacidad de autoabastecimiento, suficientes reservas y condiciones óptimas para recibir inversiones. De alguna manera, pasamos de ser exportadores a importadores, que compramos gas a precios exorbitantes.

Si los recursos naturales están, y en algún momento estuvo la tecnología y mano de obra para explotarlos, la única explicación que queda es que lo que perdimos en la década ganada fueron las inversiones privadas de empresas especializadas en infraestructura de extracción.

Subsidios mal aplicados, corrupción, clientelismo, restricciones legales inútiles y engorrosas en nombre de la soberanía, impuestos excesivos a la exportación, la idea ridícula de que fijando un precio máximo para el petróleo y el gas, mucho menor al internacional, se podían atraer inversores, y falta de transparencia: esos son los motivos por los cuales las empresas  no eligieron al país para desarrollar proyectos que nos permitan sostener en el tiempo la oferta de combustibles frente a la creciente demanda. El mismo Gobierno se metió en el camino sin salida de tener que importar en dólares y con sobreprecio, para poder generar electricidad causando en los costos de las empresas aumentos que no dependían de las mismas, y quedando obligados contractualmente a permitir el ajuste de las tarifas, obligación que no se cumplió y cuyo vacío se intentó llenar con subsidios.

El nuevo sistema de tarifas del Gobierno

Esta semana, mediante las resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía y Minería que lidera Juan José Aranguren, quedaron aprobados dos paquetes de medidas que afectaran a los usuarios residenciales con servicios de EDESUR y EDENOR. Por un lado, se fijaron las nuevas tarifas estacionarias vigentes hasta abril de este año, junto con beneficios para quienes reduzcan el consumo y una tarifa social para aquellos que no puedan hacer frente al cargo pleno. Por otra parte, se retomará aquello que debió hacerse en 2005 autorizando al ENRE a comenzar con el proceso de revisión tarifaria integral como primer paso para el proceso de recuperación del sistema de distribución eléctrica que no es otra cosa que metas que deberán alcanzarse para diciembre de 2017.

Información importante para resaltar:

• Desde el lunes, ingresando datos de consumo de una factura anterior se podrá calcular la nueva tarifa.
• Habrá descuentos para quienes disminuyan el consumo en más del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.
• La tarifa social aplica a: jubilados que cobren menos del equivalente a dos jubilaciones mínimas, empleados en relación de dependencia con sueldo bruto menor a dos salarios mínimos, personas con certificado de discapacidad, empleadas domésticas y aquellos que reciban un plan social o seguro de desempleo.
• Quedarán excluidos de la tarifa social quienes, a pesar de estar en una de las categorías mencionadas en el punto anterior, posean automóviles con antigüedad menor a 15 años, embarcaciones o más de un inmueble.
• La tarifa social consiste en los primeros 150 KWh sin costo. Solo se abona el cargo fijo que no sufrirá un aumento.
• El aumento afecta a 4,6 millones de usuarios. En la actualidad, 4,2 millones de los mismos reciben subsidio. Desde el mes próximo sólo 900 mil usuarios serán beneficiarios de la tarifa social.
• Con las nuevas tarifas, el Estado tendrá disponibles 4 mil millones de dólares para reasignar a obras, ayuda social o simplemente para reducir el déficit fiscal heredado.

Además de volver al marco legal que regula el sistema eléctrico, estas medidas tienen como finalidad educar a la población en el uso racional de la energía, dejar de beneficiar a quien no lo necesita e incentivar a las empresas a invertir, ya que tendrán la posibilidad de generar ganancias en lugar de tener que esperar el subsidio estatal para, apenas poder, cubrir los gastos.

Nadie tiene ganas de pagar hasta el 300% más por un servicio que probablemente no tenga mejoras significativas hasta dentro de dos años, pero es necesario tomar consciencia de que cuanto más se dilate el comienzo del recorrido que con suerte nos llevará al sistema sustentable y redituable que teníamos en 2003, más piedras encontraremos en el camino.

Cuando recibamos la nueva factura recordemos que por suerte vivimos en democracia y que lamentablemente eso significa que todos, sin importar a quien hayamos votado, estamos obligados a responder por los errores que se han cometido y que seguramente se cometerán.

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