Vicentin: Alberto Fernández anula la intervención y expropiación
Instalaciones de Vicentin
Un mes y medio después del sorpresivo anuncio en Casa Rosada, Alberto Fernández estampó la firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial con el que dio oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de Vicentin, argumentando una “obstrucción” empresarial y judicial y con fuertes críticas a los accionistas de la compañía.
“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó el Presidente a través de Twitter.
De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y contra “el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, resaltó Fernández en las redes sociales, mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de publicar el decreto en el Boletín Oficial.
Desde su anuncio, que sorprendió incluso a algunos sectores del Frente de Todos, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla política y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.
Ayer, por caso, los directores de la agroexportadora rechazaron la renuncia y la cesión de sus acciones a un fideicomiso, tal como había exigido el gobierno santafesino en un plan que había intentando instrumentar Perotti, y el secretario de Justicia de esa provincia oficializó que se retiraban de las negociaciones.
Tras el traspié legal y político de ayer, el juez de la quiebra quedó a cargo de la resolución del pleito.
El gobernador se había involucrado activamente en las negociaciones con los representantes de la compañía, radicada en ese distrito, después del anuncio presidencial y de que el Gobierno no lograra encausar un salvataje concreto. Además de la quiebra, el juez federal Julián Ercolini lleva adelante una investigación por supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación.
En las últimas semanas, en tanto, el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, se involucró profundamente en el tema por pedido expreso del Presidente. La semana pasada, el funcionario viajó a Rosario y dedicó todo un día a reunirse con representes sindicales, de los acreedores, de la Inspección de Justicia y acopiadores de granos, entre otros. A la vuelta, le avisó a Fernández, según contaron asesores presidenciales: “Esto no camina”.
“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, remarcó Fernández en las redes sociales. Y agregó: “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.
“En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió el jefe de Estado, que aseguró además que dio instrucciones a “todos los organismos públicos involucrados” para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para “preservar los intereses del Estado”.
La retirada de Omar Perotti de la negociación por Vicentin
«Lamentablemente, no se logró acordar ninguna de las condiciones exigidas. Hemos decidido dejar aquí la negociación. Es un capítulo cerrado», señaló el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, al describir la situación en que quedó la frustrada negociación con los directivos de Vicentin, en las que se buscaba acordar la formación de un fideicomiso para ponerlo a cargo de la administración de la firma concursada. En tanto, una orden de allanamiento a las oficinas de Vicentin en Avellaneda (Santa Fe) dictada por el juez Julian Ercolini en la causa Banco Nación quedó sin ejecutar al ser demorada por un juez federal local, que recién la llevaría a cabo este viernes.
La segunda reunión de conciliación convocada por el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, entre los representantes del gobierno de Santa Fe y los directivos de la firma, terminó en la tarde del jueves, cerrando definitivamente toda posibilidad de acuerdo en torno a la continuidad de la gestión y administración de la empresa.
El gobierno de Santa Fe había solicitado anteriormente la intervención judicial de la firma, entendiendo que los mismos directivos acusados de vaciamiento y mala administración no podían seguir al frente. Como alternativa, había ofrecido que un fideicomiso se hiciera cargo de la firma hasta tanto se concluyera el proceso de convocatoria de acreedores.
«Las dos condiciones que pretendía el gobierno provincial y que compartía el Estado Nacional para participar del acuerdo, eran que los directores de Vicentin se apartaran inmediatamente de sus cargos, y que las acciones de la empresa fueran transferidas en administración al fideicomiso. Han decidido no hacer ninguna de las dos, por lo cual hemos resuelto dar por concluida la negociación. Ponemos aquí el punto de tolerancia. Es un capítulo cerrado», sentenció Somaglia al finalizar el encuentro.
La pretensión de los directivos de Vicentin era permanecer con una participación minoritaria tanto en el Directorio de la empresa como en el capital, a través de una porción menor de acciones. Además, trascendió que habían solicitado una suerte de inmunidad penal para evitar que pudieran ir presos algunos de los responsables de la firma desde 2017 hasta estos días.
La instrucción que recibió Omar Perotti de parte de Alberto Fernández, cuando le llevó la propuesta de fideicomiso como «alternativa» a Olivos, fue que la única posibilidad en la que dicho acuerdo sería viable era con el clan Vicentin afuera de la empresa. Sin opciones, este jueves Perotti debió dar por fracasada su gestión.
Sin resultados en la convocatoria a conciliación, el magistrado deberá resolver sobre el pedido de intervención judicial que reclamó la Inspección General de Justicia (IGJ). Y si la rechaza, no haría más que dejar todas las irregularidades del proceso concursal a la intemperie. Entre ellos, la falta de balance, requisito para el cual el juez otorgó 40 días hábiles más a la empresa.
Desde el gobierno nacional, en tanto, quedó planteada la encrucijada de cómo seguir con un proceso que definitivamente se trabó por todos lados, pero que lo dejó seriamente comprometido. Propuso una expropiación y debió marcha atrás. Dispuso una intervención que no pudo ser llevada adelante, porque el juez comercial la desplazó. Se echó sobre los hombros el impacto político del derrumbe de la cerealera y el plan alternativo también falló. Se esperaba una definición oficial este jueves, a última hora, que en definitiva no se tomó o quedó postergada.
En tanto, en la causa penal por el posible fraude contra el Banco Nación por el otorgamiento de créditos de prefinanciación de modo irregular, el fiscal Gerardo Pollicita pidió el allanamiento de las oficinas de Vicentin en busca de documentación que pudiera explicar el destino de los fondos. Pero el pasado jueves la acción no pudo ejecutarse, según había explicado el juez federal local interviniente, Aldo Alurralde, porque no recibió la aprobación del fiscal local al que le corrió vista del requerimiento. El allanamiento recién tendría lugar este viernes, 24:00 horas después que los allanados ya hayan tomado conocimiento del hecho.
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