Waldo Wolff salió al cruce de la Ministra de Seguridad
El legislador sugirió incluso que la ministra debería leer la Constitución Nacional. «La Asociación de Fiscales o incluso la Asociación de Magistrados deberían aunque sea llamarla por teléfono, y decirle: ‘Mirá, comprate la Constitución, leela y charla con algún amigo que haya estado en la gestión. Es un ‘cachivache’ y es peligroso», lanzó.
«Dice que esta pericia se hizo a instancias de Patricia Bullrich en Gendarmería, eso es mentira», argumentó en una entrevista. Luego explicó: «Los peritos son auxiliares de la Justicia. El que pidió la pericia es el juez. Lo que nunca puede hacer un ministro es criticar una pericia que ha pedido un juez, porque está interfiriendo entre dos poderes del Estado».
Y agregó: «El Ministerio de Seguridad hoy es temerario, persecutorio, no respeta la división de poderes e interviene en causas en curso».
Sobre el rol y las palabras de la ministra de Seguridad, Wolff fue contundente. «En cualquier república del mundo esto es un escándalo y es causal de pedido de renuncia o de juicio político por interferir en otro poder del Estado de manera flagrante».
En esta línea, resaltó que Frederic dijo “lo mismo de la pericia de Santiago Maldonado, sin que se lo pida la Justicia”, y aseguró: “Yo quiero que la ciudadanía tenga noción de que estamos en manos de gente peligrosa que no respeta el funcionamiento mínimo».
Wolff no ahorró en críticas y descargó también contra Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires: «No te dejan respirar. Esta mujer se levantó un día y dijo que les iba a sacar las armas a los policías; al otro día, Berni y ella dijeron que iban a liberalizar la droga: un combo explosivo».
Sara Garfunkel se refirió a la decisión de Sabina Frederic
A cuatro años de la muerte de Alberto Nisman, fiscal titular de la UFI-AMIA, la principal incógnita que prevalece en los tribunales federales es quién fue el responsable directo del homicidio que conmocionó al país el 18 de enero de 2015.
A la fecha sólo se encuentran implicados Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario del asesinato del ex fiscal y los custodios de Alberto Nisman, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos como encubridores, al no cuidar como corresponde al fiscal muerto aquel enero de 2015.
El juez Julián Ercolini determinó que el ex fiscal fue asesinado y para ello la pericia de Gendarmería fue una pieza clave. La puso en duda ahora la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. quien adelantó que el presidente Alberto Fernández hará cambios en las jefaturas de la Gendarmería y aseguró que revisarán el peritaje hecho por dicha fuerza en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
«Va a haber cambios de mandos en las jefaturas de la Gendarmería. Todos los jefes nos han presentado su pedido de retiro y a todos les dijimos que vamos a conservar esa solicitud hasta tanto tengamos definido el recambio de los jefes», afirmó la ministra de Seguridad.
En declaraciones, manifestó que van a «revisar el peritaje hecho por Gendarmería sobre la muerte de Nisman» junto a la Justicia.
Ahora, la querella del caso a cargo del abogado Pablo Lanusse -que representa a Sandra Garfunkel, la madre de Nisman-, pedirá ante la fiscalía de Taiano que “la funcionaria se abstenga de intervenir en la pericia” para “evitar así una violación a la Constitución Nacional que impiden al Poder Ejecutivo a entrometerse en la causas penales en trámite”, señalaron fuentes allegadas a la defensa.
Desde el equipo de investigación del caso Nisman señalaron en Comodoro Py que “la ministra de Seguridad no es parte del procesos penal” y no comprenden de qué manera “podría revisar una pericia” que fue solicitada por un juez federal. Asimismo, entendieron que la decisión de Frederic “muestra una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”, algo que el propio presidente Alberto Fernández dijo que no podría ocurrir cuando habló ante el Congreso.
Números. Con ellos se van definiendo los avances de la investigación en la que se busca determinar quién asesinó al fiscal Alberto Nisman. ¿En qué estado se encuentra el expediente? La fiscalía a cargo de Eduardo Taiano investiga 23.000 imágenes de todas de las personas que ingresaron durante el fin de semana previo a hallar el cuerpo sin vida del ex fiscal; 45.000 comunicaciones telefónicas están siendo analizadas, se tomaron más de 450 declaraciones que mostraron lo frágil que era la seguridad del complejo Le Parc, y más de 200 equipos informáticos están siendo peritados. Todo apunta a clarificar y dar con los responsables de la muerte de Nisman.
Las medidas como el análisis de más de 45.000 llamadas telefónicas, líneas que incluyen las que le fueron asignadas a Cristina Kirchner cuando ocupaba la presidencia de la Nación, buscan determinar quién fue el responsable de la muerte de Nisman, que es en primera instancia, lo que determinó el juez Ercolini y el fiscal Taiano: no se trató de un suicidio.
La premisa de la causa es que el ex fiscal «fue víctima de un homicidio», dando por descartado que se quitó la vida por el supuesto temor de tener que explicar en el Congreso su denuncia contra Cristina Kirchner y parte de su gabinete, a quienes acusó de encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA.
Para la Justicia no hay dudas: Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Así, lo determinó el año pasado la Sala II de la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Para los camaristas el ex fiscal fue asesinado como «directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA», acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.
Así, la causa tomó un giro sustancial y mantuvo desde el fallo de la Sala II una premisa: se debe investigar la relación entre el homicidio del doctor Nisman que se produjo “cuatro días después de haber efectivizado la denuncia señalada y horas antes de ir a exponerla ante el Congreso de la Nación» y la decisión de avanzar con una acusación contra quien ejercía la jefatura de Estado.
El informe fue requerido por el juez Ercolini y fue una pieza determinante en la resolución en la que se terminó procesando a Lagomarsino y a los custodios. En el informe pericial intervinieron 28 peritos y 4 de la querella, más la defensa de Lagomarsino que firmó en disconformidad, y que fue la que después de un año y medio, determinó que Nisman había sido asesinado aquel enero de 2014,
La primera conclusión de la pericia ahora cuestionada por el gobierno de Alberto Fernández, fue «que lo mataron dos personas, quienes lo redujeron y luego le dieron ketamina para que no pudiera defenderse. Finalmente, mientras uno de los asesinos lo sostenía, el otro disparó. Quien lo ejecutó se colocó detrás del fiscal de la ex UFI AMIA y el disparo fue de abajo para arriba, de derecha a izquierda y cruzado arriba de la oreja a unos tres centímetros. Luego, tiraron el arma detrás del cuerpo y lo acomodaron, lo que explica que la pistola aparezca detrás del hombro izquierdo».
Sobre la data de la muerte, la pericia reveló que, como piso, «es de 29,7 horas antes de hallado el cuerpo. Es decir que habría muerto a las 2 de la mañana del domingo 18 de enero de 2015. Para la querella, el fallecimiento se produjo 36 horas antes de encontrado el cadáver, lo que daría como data del deceso las 20 horas del sábado. Nisman no tenía deflagración de pólvora en sus manos ni partículas de plomo, bario o antimonio, los tres componentes que detectan la pólvora».
La dirección de la causa Nisman
El juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano desde junio del año pasado, tomaron la sugerencia de la Cámara federal porteña quien remarcó que este escenario que entrecruza la muerte de Nisman con el escenario político, «obliga lógicamente a ahondar la investigación en el probable entendimiento de que la muerte del Fiscal se haya producido como consecuencia directa de la específica acción que adoptó en el marco de su función», como titular de la UFI – AMIA.
Ahora la causa avanza en este sentido, en determinar la responsabilidad institucional del gobierno de Cristina Kirchner sobre el asesinato del ex fiscal de la UFI AMIA. Para esto a la fecha se están peritando los teléfonos que tuvo asignados la ex Presidenta y sus principales funcionarios