En los últimos días, la Ciudad de Buenos Aires se vio sacudida por el desembarco de la app Uber a nuestro país.

Diferentes voces salieron a plantar bandera respecto al tema, alguno con fundamentos, otras no tanto pero siempre con una cuestión jurídica de fondo que generó la intervención de la Legislatura Porteña la cual emitió en su última sesión una declaración en contra del uso de UBER en la Ciudad.

En contrapartida con ésto, diferentes encuestas y opiniones muestran una gran aprobación por parte de los vecinos de la ciudad hacia UBER, por su practicidad, buen funcionamiento y por representar una alternativa eficiente y más barata que los taxis.

Este hecho de extrañísima naturaleza me hizo reflexionar sobre la función de los legisladores y sus desafíos.

En la escuela nos enseñaron que los cuerpos legislativos son los representantes del pueblo, y si bien esta definición es un tanto imprecisa para determinar las atribuciones y objetivos de los legisladores, es muy útil para entender el lugar que ocupan en el Estado.

Resulta sumamente entendible que los representantes sindicales de los taxistas se manifiestan en contra ya que preservan sus intereses y no les interesa la competencia.

También se puede entender que representantes del ejecutivo consideren que el contexto político y las diferentes disyuntivas que se pueden desprender de la implementación de Uber no le sean favorables.

Ahora bien, ¿Cómo se entiende que los representantes del pueblo se manifiesten en contra de la app si una amplia mayoría de los vecinos se muestran a favor?

¿Qué función tienen los Legisladores si no es la de legislar en base a las demandas de la población?

Así como un día las cartas pasaron a ser mails y éstos debieron ser incluídos en nuestro ordenamiento jurídico, ahora los taxis tienen competencia y esa competencia es Uber, Easy Taxi, o el nombre que se le ocurra al próximo programador que invente su app

Pero el tema no es Uber, es la necesidad de tener un sistema jurídico dinámico que se mueva junto a las nuevas tecnologías que asumen un rol protagónico en este siglo XXI, que se adapte a las necesidades de la gente, que preserve su seguridad evitando que la aplicación funcione de manera desregulada y le dé a los vecinos la posibilidad de elegir, defendiendo sus intereses y cuidando sus bolsillos.

Es momento de que los legisladores se den cuenta el lugar preponderante que ocupan y lo importantes que son para la ciudad. Vuelvan a ser los representantes del pueblo, aunque sea por un rato.

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