Yamil Santoro propone limitar el derecho a huelga en el transporte público

El abogado y dirigente de Republicanos, Yamil Santoro, propuso limitar el derecho a huelga en el transporte público de pasajeros a fin de armonizar el derecho de protesta con el derecho a circular y trabajar de los ciudadanos que no adhieren al paro general. A tal efecto, el dirigente cercano a Darío Lopérfido grabó un video explicando su posición y escribió una columna de opinión que publicamos a continuación:

El paro del 29 de mayo le costó al país más de $35.000.000, un equivalente aproximado a una pérdida de $800 por argentino. Ante una protesta que nos deja más pobres y que resultó en una imposición para muchos trabajadores que no adherían a los fundamentos de la huelga general surge la necesidad de replantearnos la extensión del derecho a huelga.

Muchas personas fuimos adherentes forzosos del paro. Paramos en contra de nuestra voluntad por la imposibilidad de trasladarnos a nuestros puestos de trabajo. Gente que quiso ir a trabajar y no pudo porque otros no los dejaron, ni hablar de los casos extremos de obstaculización como los piquetes que se realizaron en varios lugares. Esas mismas personas que no nos dejaron ir a trabajar, como Hugo Moyano, salieron con un cinismo infinito a decir que el paro tuvo un alto nivel de acatamiento. Escondiendo la realidad de millones de personas que no tuvimos la opción de elegir si adherir o no a un paro.

Nuestra Constitución no consagra derechos absolutos. Por el contrario resulta necesario encontrar un equilibrio entre distintos derechos en pugna. Al derecho subjetivo de huelga, que cada uno de nosotros posee, se le opone el interés general en función de las consecuencias o exteriorizaciones que genera la protesta. Es por eso que en casos de servicios públicos trascendentes hay consenso en la doctrina y la jurisprudencia que se habilite una limitación, por lo menos parcial, al derecho a huelga.

En ese marco propongo que busquemos una solución que permita compatibilizar, en el marco constitucional y de las resoluciones de la OIT el derecho de protesta de algunos con la libertad de no adherir y de movilizarse y trabajar de otros. Discutamos dos posibilidades a tal efecto:

Declararlos servicios públicos esenciales: En 2004, la ley 25.877 en el artículo 24 declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de salud, provisión de agua y electricidad y de control aéreo. Delegó a su vez la facultad de declarar servicios públicos esenciales en la Comisión de Garantías perteneciente al Ministerio de Trabajo.

La categorización como servicio público esencial permite limitar el derecho a huelga de diversas maneras. Una de las posibles limitaciones, contemplada en nuestra normativa, es obligar a los prestadores a que realicen las prestaciones mínimas para garantizar la continuidad del servicio aun ante el escenario de un paro general. En virtud de ello podría verse afectada la frecuencia del servicio, por ejemplo, sin que eso implique la suspensión absoluta del mismo. Es una forma de evitar que la politización de los gremios adquiera características extorsivas y destructivas como las que vimos este 29 de mayo. Podemos resolver este problema excepcionalmente con una resolución de la Comisión de Garantías o, mejor aún, resguardar el derecho mediante una reforma legal que agregue a la educación y al transporte a la lista de servicios públicos esenciales. Todos ganamos con algo así, gobierne quien gobierne.

Esta solución no es “de derecha” ni “de izquierda”, hay ejemplos para todos los gustos. Basta ver el caso ecuatoriano en donde en 2008, con el Presidente Socialista Rafael Correa a cargo, se reformó la Constitución Nacional estableciendo un listado de servicios donde se limita el derecho a huelga.

Uso de las FFAA: como respuesta coyuntural podríamos aprovechar a los múltiples maquinistas y personal entrenado de nuestras Fuerzas Armadas para garantizar la provisión mínima del servicio de transporte garantizando la circulación del transporte en base a la disponibilidad de personal calificado. Si bien resulta claro que no debe ser este el destino del personal militar, el particular conocimiento necesario que se requiere y la importancia que el tema reviste para que Argentina no vea hipotecado su futuro puede permitir que, hasta que los parlamentarios garanticen un marco legal que armonice de manera responsable los derechos en pugna, el resto de la ciudadanía no nos jodamos.

Lejos de cumplir una función militar o de combate se trataría únicamente de conducir el transporte abandonado por los trabajadores durante la huelga para garantizar la provisión mínima del servicio. Unos protestan, los otros trabajan, todos contentos. Hay múltiples antecedentes de esto en el Mundo.

Podemos encontrar caminos distintos a los propuestos acá para armonizar los derechos. No es de forma alguna mi objetivo tampoco que dejemos de discutir los problemas que pesan sobre los hogares argentinos. Pero tenemos que madurar como sociedad y enmarcar los debates en reglas de juego que no terminen empobreciéndonos a todos más aún como consecuencia. De lo contrario nuestro futuro termina hipotecado por las controversias políticas del presente. Podemos resolver los conflictos de mejor manera, asumamos el compromiso de elevar el nivel de la discusión política aceptando nuevas reglas que nos ayuden a vivir mejor.