YPF-REPSOL: Una expropiación para tapar doce años de corrupción

En el año 2006 la República Argentina tenía gas para encontrarse provista por 17 años. En ese entonces le vendía gas a Chile a USD 1. Esta operación se realizaba a través de una empresa, en connivencia con Repsol, a los efectos de descapitalizar y obtener ganancias extraordinarias. Ya en ese entonces, la empresa compradora proveía de gas a los chilenos a USD20.

Agotado el gas en nuestro país, siendo desabastecido de un recurso que duraría 17 años y luego de haberse vendido a un precio irrisorio, la Argentina tiene la necesidad de importar, adquiriéndolo de Bolivia a USD 5, de Trinidad y Tobago a USD 10 y USD 15.

El combustible se había vendido por nuestro país a USD 12 y la misma empresa compradora lo revendía a USD40.

Asimismo, se entregaron yacimiento enteros que eran de la empresa (prácticamente regalados) haciéndose pasar por dividendos activos de la empresa. Se pagaron dividendos vía España, Australia y paraísos fiscales, que no eran tales. Si no que era una verdadera descapitalización de la empresa.

El rol de los Eskenazi en YPF-REPSOL

Los Eskenazi en el año 2007 constituyeron una empresa con el objeto de comprarle el 25% de YPF-REPSOL sin aportar un solo dólar, adquieriendo la empresa con falsas utilidades de la misma.

En febrero de 2008 una participación del 14,9% por 2.240 millones de la moneda estadounidense, incluyendo una opción de compra de una participación adicional del 10%. Durante todo este tiempo se llevaron 200 mil millones de dólares del país, denunciaban un costo de extracción de 7 dólares por barril (medida equivalente a 159 litros de petróleo crudo) y la vendian 42 dólares en el mercado interno una vez destilado, o sea que comprabamos nuestro propio petróleo más caro que al actual precio internacional y con un 700% de sobreprecio desde que sale del pozo hasta que sale de la Destilería. Se llevan lo que quieren a simple declaración jurada y con sólo un 30% de ese monto sujetos a retenciones, impuestos y controles, mientras que el 70% restante de esas divisas ni siquiera se rendian en el país y eran de libre disponibilidad.

A su vez, hay que agregar el tema de las acciones de los trabajadores al momento de privatizarse en la década del ´90. El 14% de las acciones de los trabajadores fueron vendidas a previo vil a REPSOL. Por este motivo, el Congreso Nacional Argentino trató el tema de las PROPIEDADES PARTICIPADAS DE CORREO ARGENTINO pero no trató las de YPF, ya que estas desaparecieron. Y desaparecieron porque lo permitió el mal llamado GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR. Ya que le quito a los trabajadores sus acciones por un precio vil.

Además de todo el dinero que se llevaron nos dejaron un pasivo de casi 10.000 millones de dólares.

Junto con una demanda millonaria de un fondo común de inversión ante los TRIBUNALES DE ESTADS UNIDOS por el 25% de los Eskenazi. A la fecha se han pedido medidas cautelares por el orden los 4.000 millones de dólares. De tras de este fondo común se esconderían los Skenazy quienes pretenden una indemnización por sus acciones y están litigando en EEUU, donde fijó competencia el mismo Néstor Kirchner en sus acuerdos.

Como así también otro juicio por la venta de 1.500 millones de dólares en acciones en el año 2010 y 2011, que luego se descubrió a través de los balances y la documentación que estaba fraguada.

Por lo tanto, cuando se descubre el vaciamiento de YPF, las acciones bajaron un 70%. Lo que podría representarnos también otro perjuicio por 2.000 millones de dólares de perdida.

Como expresamos al inicio, se perdió la producción de gas en un 96% y en un 50% LOS combustibles lo que hoy nos lleva a millones de dólares en importación.

En la causa Tarjeta SUBE, luego de desatado el escándalo, se rescindió el contrato y se pasó el control al Banco Nación. Esto representó una pérdida para el país no menor a 600 millones de pesos.
En la causa “Sueños Compartidos” (Hebe de Bonafini y familia), se estatizó todo, lo que representó para el país una pérdida no menor de 1.000 millones de pesos
En la causa Boudou-Ciccone, 400 millones de dólares.

Cuando nuestro pueblo se pregunta por qué no están presas las máximas autoridades del gobierno anterior, la respuesta es que los jueces federales, que tienen estas causas que yo mismo denuncié por acción u omisión, son responsables directos.

Todo esto tiene un nombre: latrocinio y traición a la patria. Todas estas expropiaciones sin sentido evitaron construir viviendas, tener mejor salud, más seguridad y más educación.

La expropiación de REPSOL-YPF representó para la Argentina un grave perjuicio económico. Hasta los españoles dicen que al momento de la expropiación de Repsol la empresa tenía un saldo positivo de 8.813 dólares, es decir, se habían llevado ese dinero sin que fueran utilidades; que es una empresa que evade impuestos, que no es una empresa española sino que tiene sede en España, pero además 13 filiales en paraísos fiscales, no respeta el medio ambiente y vulnera a las comunidades mapuches, como sucedió con Cerro Bandera y Loma de la Lata.

Todo esto está corroborado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (O.D.G.), el observatorio de las Multinacionales en América Latina (O.M.A.L.), Ecologistas en Acción (ALSUR-LAS SEGOVIAS y Associacion Catalava D Engimyeriasense Fronteras (E.S.F.) y miles de españoles que se han expresado en contra de la defensa que hacía Rajoy de esta empresa.

Esto no tiene otro nombre: ES CORRUPCIÓN. La expropiación de REPSOL-YPF fue realizada para tapar la corrupción, ya que se distribuyeron durante los últimos años utilidades que no existían. Se llevaron más de 12.000 millones de dólares con esta mecánica y el grupo Eskenazi compró una parte de la empresa sin dinero.

Esto está debidamente comprobado por peritos de la Corte Suprema de Justicia y por una ONG que dirige un conocido perito forense. Pero además de eso, el valor según balances es de dólares 2.300 millones.

El valor que tenía al momento de la expropiación era de menos de dólares 4.000 millones y el pasivo que dejó Repsol al momento de la expropiación era de 9.000 millones de dólares y, a las apuradas, el tribunal de tasación dominado totalmente por los K, dijo que el precio era correcto.

La mecánica de la corrupción en la Argentina es similar en todos los casos: el dinero se fugó al exterior, ya que era imposible justificar los montos, por los sobreprecios, los retornos y otros rubros. Pero además las causas estuvieron todas planchadas.

La expropiación de YPF-REPSOL fue para ocultar la compra sin fundamento y sin dinero que realizó Néstor Kirchner con la familia Eskenazi. Y como si esto fuera poco, se sumó la falta de control en las inversiones y permitir la distribución de utilidades que la privatización no había previsto. Se expropio justamente para todo esto: para evitar investigar todos estos actos irregulares, que son delitos, cuando se hubiera podido rescindir el contrato con Repsol por falta de cumplimiento, sin derecho a ninguna indemnización.

Todo esto tiene su fundamento en lo que dicen los distintos organismos internacionales sobre la corrupción en la Argentina.

En Uruguay, el juez Néstor Valetti, la fiscal Mónica Ferrero y el fiscal Juan Gómez investigan todas estas conexiones:

Los imputados son funcionarios públicos.
Las empresas imputadas son off shore, es decir, internacionales, porque su constitución se realiza en el exterior y son registradas en la Argentina.
Se vislumbran sobreprecios en el servicio a prestar.
Forma y modo de contratación: puede ser directa o, en el caso de ser por licitación publica, lo hacen de manera totalmente digitada.
La forma y modo de esconder las sumas por los sobreprecios y la corrupción es a través del lavado de dinero, el giro al exterior de estas sumas.
Los fines para los cuales se constituyen estas empresas nunca terminan por cumplirse, salvo el de la corrupción.
Ninguno de estos hechos fue investigado por los fiscales de oficio o por la Fiscalía de investigación financiera.
En todos estos contratos hubo ausencia de contralor. Es decir, no hubo intervención de la UIF, AFIP, IGJ. En la causa Ciccone hubo ausencia por parte de la Casa de la Moneda.
El Gobierno Nacional reconoció las irregularidades -delitos- y producto de ello es que han sido rescindidos los contratos con las empresas intervinientes en el caso Schoklender y en el caso SUBE.
Mientras que en el caso Boudou-Ciccone dictó un decreto para expropiar, como en el caso de YPF-REPSOL. Pero en ninguno de estos cuatro casos ha hecho referencia al perjuicio económico que se ha producido al estado por esos contratos